a autora, profesora-investigadora de El Colegio de México y Presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, resume así su artículo:

Después de discutir el papel de los sistemas de pensiones en el capitalismo como instrumentos de redistribución del ingreso entre el capital y el trabajo y, por tanto, de la lucha de clases, se relata cómo surgieron los sistemas de pensiones en México, como parte de un Estado de Bienestar fragmentado e inconcluso, y se muestra la reducción de beneficios derivada de las reformas recientes a los sistemas de pensiones. Se concluye analizando la pobreza de la población en edad de retiro, en relación a su acceso a las pensiones, contributivas y no contributivas.

El artículo de Araceli Damián (AD) abre brecha en un camino rara vez recorrido en México, el de las relaciones entre seguridad social, particularmente las pensiones, y la pobreza de las personas en edad de retiro. Además, proporciona un análisis detallado de los orígenes de la seguridad social (SS) en México y, sobre todo, de las reformas neoliberales recientes y de su fracaso a nivel internacional. AD establece que la SS nació y se desarrolló en el mundo como parte de la lucha de clases entre el proletariado y el capital y que, conjuntamente con la extensión de la jornada de trabajo y el nivel del salario, constituyen los elementos centrales de dicha lucha. La SS es el modelo opuesto al de la seguridad familiar. AD señala que en el feudalismo el cuidado (y habría que añadir la subsistencia) de ancianos, huérfanos, viudas y enfermos era provisto por la familia y la iglesia, pero que con el desarrollo del capitalismo la fuerza laboral (y su familia) pasan a depender de un trabajo pagado. Por tanto, la familia ya no puede cumplir la función que antes desempeñaba y se hace necesaria una solución colectiva distinta. Esping-Andersen relata que el modelo de SS originalmente fue impulsado por reformadores conservadores como Bismarck (Prusia-Alemania) y Von Taffe (Austria). AD cita a Matari Pierre, quien dice que la historia y la antropología registran una rica diversidad de relaciones e instituciones que materializan el vínculo entre las generaciones económicamente activas y las inactivas, desde la eliminación física de los ancianos al sistema chileno de pensiones. La autora relata que en Inglaterra las leyes de pobres, que incluían a la población no activa, se ocuparon de tal protección, pero haciendo una fuerte distinción en el trato entre pobres merecedores y no merecedores. Damián concluye este análisis diciendo:

“En la medida que estos sistemas [de SS] permiten la redistribución de una parte sustancial de la riqueza entre el capital y el trabajo, el primero procurará reducir sus beneficios mientras que el segundo pugnará por su ampliación. De la misma manera que el capital en el siglo XIX se vio en la necesidad de regular la extensión de la jornada laboral…en el siglo XX requirió desarrollar y consolidar los Estados de Bienestar (EB)… lo cual conllevó una redistribución del ingreso… Las crisis económicas… pusieron en marcha contrarreformas… a fin de reducir tanto los costos de la fuerza de trabajo como el pago de impuestos”.

En México, añade la autora, “nunca hubo la intención de construir un EB… El principio revolucionario de ‘justicia social’ se limitó al acceso universal a la educación básica, quedando los demás derechos, incluso salud y seguridad social, como derechos de la clase asalariada o de los sindicatos…” Después de relatar los inicios de la SS en México (desde el Art. 123 constitucional hasta la protección inicial a las fuerzas armadas y los burócratas y, después de huelgas del magisterio, a los trabajadores de educación pública, terminando con la creación del IMSS en 1943 y del ISSSTE en 1959), AD concluye que hasta la fecha la seguridad social no es un derecho social para todos los mexicanos. En los últimos años se han puesto en vigor, en el país, transferencias monetarias para adultos mayores (AM), que pueden verse como pensiones no contributivas.

En la descripción de las reformas neoliberales de los sistemas de pensiones, empieza recordando que el primer sistema de capitalizaciones individuales (SCI) se llevó a cabo durante la dictadura de Pinochet en Chile y luego se generalizó en muchos países de América Latina (AL). El fracaso de tales sistemas ha sido tan evidente que la OIT narra que cerca de la mitad de los países han vuelto al modelo anterior conocido como de reparto solidario (o de pensión definida) o han hecho una mezcla entre los dos modelos. El principal problema, narra AD, es la incapacidad de los trabajadores para ahorrar lo suficiente para tener una pensión digna. En Chile, la mediana de las pensiones en cuentas individuales fue de 34% del salario promedio de los últimos 10 años. En México, la reforma hacia las capitalizaciones individuales y la privatización de la administración de los fondos, se llevó a cabo en 1997 en el IMSS y en 2007 en el ISSSTE. AD presenta un cuadro comparativo de requisitos y montos de pensión muy didáctico, que aquí reproduzco. Cita un estudio de la OCDE que reconoce que las pensiones basadas en el sistema de reparto son mucho más elevadas. En el cuadro se ha incluido el dato de la tasa de remplazo (que expresa el monto de la pensión como % del salario medio de los últimos años) de ambos sistemas. Como se observa, la del sistema de pensión definida, va del 75% al 100% según la edad de jubilación, mientras que la del sistema de pensión incierta, calculado por la OCDE es del 26% del salario del último año. La autora narra que en dicho estudio la OCDE propone a México, entre otras medidas, mantener el sistema de capitalizaciones individuales, disminuir los beneficios de la generación de transición (los que ya cotizaban y optaron por mantenerse en el viejo sistema) para reducir el costo fiscal, y aumentar las cotizaciones de los trabajadores. La presión de la OCDE a los funcionarios de la SHCP puede resultar en iniciativas legislativas.

En la última sección de su artículo, la autora analiza empíricamente las relaciones entre pensiones y pobreza calculada con el Método de Medición Integrada de la Pobreza, MMIP, en 2014. Compara la incidencia de la pobreza (% de pobres, H) entre la población total y la de 60 y más años de edad (adultos mayores, AM). Encuentra que (a diferencia de lo que ocurre en los países ricos) es menor la H entre los AM (74.7%) que entre la población total (83.4%). De los 12.7 millones (M) de AM, el 55.7% recibe pensión, la mayor parte pensiones no contributivas (31.4%) y sólo el 20.5% pensión contributiva. Casi dos terceras partes de las primeras (63.5%) las reciben hombres, y de la segunda, mujeres (59.9%). Esto importa porque el monto mensual promedio de las primeras es de $6,169 pesos mensuales y de las segundas, de sólo $585 pesos. Por tanto, la H entre los AM que reciben pensión no contributiva del programa 65 y más (91.9%) es incluso mayor a la de quienes no reciben pensión (77.2%), mientras que quienes reciben otra clase de pensión no contributiva (la mayor parte en el D.F) tienen una H similar a la del total de AM (73.5%). Quienes reciben pensión contributiva tienen la H más baja (51%). Los datos anteriores muestran la total insuficiencia de las pensiones no contributivas y, en menor medida, también de las contributivas.

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