Ante la polémica entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Gobierno de la Ciudad de México, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, sostuvo ayer que no hay un ataque a la administración capitalina por el cierre de centros de verificación.

Entrevistado después de un foro sobre medio ambiente en la Cámara de Diputados, explicó que al corte del martes, y perdón que lo diga así tan directo, la entidad más sancionada en sus líneas ha sido el estado de México, con 56, y no la Ciudad de México, con 40.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que solicitaría una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, Gutiérrez Lacayo consideró que esa postura pueda deberse a que no tenga toda la información de lo que sucede en el resto de las entidades.

Porque, indicó, es evidente que las sanciones se aplican “de manera pareja a todas las entidades y Profepa está cumpliendo con la ley y con sus atribuciones. Asimismo, confirmó que se amplió un plazo de 15 días para verificar entre julio y agosto automóviles con placas con terminación 5 y 6 y engomado amarillo.