Las comisiones de derechos humanos nacional y en los estados de la República privilegian el respeto al debido proceso de los imputados de un delito por encima de los derechos legales de las víctimas y ofendidos, lo que en los hechos provoca impunidad, coincidieron los juristas Samuel González Ruiz, Daniel Cabeza de Vaca y Marco Vinicio Loera, padre de la joven Priscila, quien fue secuestrada y asesinada en la Ciudad de México.

Al participar en la primera mesa de análisis del foro internacional Equidad para las víctimas en el debido proceso, los ponentes consideraron que los jueces y fiscales no son sensibles con las víctimas, principalmente con aquellas que sufrieron delitos de alto impacto.

González Ruiz, quien fue el primer fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) dedicado al combate de la delincuencia organizada y es uno de los férreos críticos del modelo de justicia penal ideado por el jurista argentino Alberto Binder (se le denomina hipergarantismo, pues pregona la máxima protección de los imputados de un delito), dijo que el sistema de justicia penal de corte acusatorio sólo será eficaz si se sustenta en el modelo del penalista italiano Luigi Ferrajoli (expositor del equilibrio procesal entre víctimas y acusados).

En una segunda mesa, víctimas de secuestro lamentaron que el nuevo sistema de justicia penal ha traído beneficios, pero para los delincuentes.

Teresa Rentería, quien enfrentó el secuestro de su marido en 2015, en Michoacán, reprochó que en el nuevo sistema inquisitorio no existen fortalezas para las víctimas, desde que no se permite a éstas el derecho a no ver a su victimario.

Agregó que su esposo tuvo que señalar al imputado, pues “el delincuente pertenecía a una familia que nosotros conocíamos, era un vecino, y la autoridad no volteó hacia la víctima y el imputado tenía todos los derechos.

Se pidió no estar ante el delincuente, pero mi esposo estaba a menos de medio metro; los derechos no se aplicaron a mi esposo.

Ricardo Martínez Chávez, ex titular de la unidad antisecuestro de la PGR, indicó en su intervención que el primer problema al que se enfrentan las víctimas son las fallas de las autoridades, como investigadores, peritos o agentes del Ministerio Público.

A su vez, el magistrado federal José Nieves Luna Castro reconoció que los operadores del nuevo sistema, a un mes de su puesta en marcha en todo el país, están en proceso de transformación.