Los pueblos indígenas tienen formas de vida únicas y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra, por lo que deben recibir protección cautelar inmediata para evitar un posible daño a sus tierras, de consecuencias incalculables, resolvió el juzgado tercero de distrito de Oaxaca, al conceder a pobladores indígenas del Istmo de Tehuantepec la suspensión en vía de amparo para detener por tiempo indefinido la construcción del megaparque de Eólica del Sur, que implica inversiones por poco más de 14 mil millones de pesos.

Los derechos de los pueblos originarios, sean étnicos o indígenas, gozan de una tutela de derechos humanos protegidos por (varios) tratados internacionales en materia de derechos humanos, (además de que) existen precedentes de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pueblos indígenas que defienden sus tierras de expropiaciones indebidas, resolvió el juzgado federal en el expediente de amparo 323/2014 al que tuvo acceso este diario.

Aunque esa resolución no significa que la comunidad en resistencia haya ganado el amparo de fondo, sí implica una ventaja para los quejosos, pues según José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) –que junto con otros organismos no gubernamentales asesora legalmente a indígenas de varios estados que se oponen a proyectos de infraestructura energética y de comunicación terrestre para proteger sus tierras–, estos juicios pueden tardar de dos a cinco años en resolverse, durante los cuales la obra deberá permanecer detenida.

Otro juzgado federal, el quinto de distrito del estado de México, utilizó el mismo tono argumentativo al otorgar una suspensión que mantiene detenida la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.Pobladores indígenas representados por el CDHZL argumentaron que el territorio en que habitan unos 15 mil otomíes de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción será afectado por la obra de la vía entre Toluca y Naucalpan.

La Jornada publicó en su edición de ayer que un caudal de suspensiones en vía de amparo concedidas en unos 15 juicios abiertos por comunidades indígenas en resistencia mantiene detenidos proyectos de inversión energética, principalmente en materia eléctrica, por al menos 22 mil millones de pesos.