Frente a representantes de los poderes de la Unión, el presidente Enrique Peña Nieto realizó ayer en Palacio Nacional el lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), acto en el que señaló que ante a la indignación ciudadana por la proliferación de este cáncer social, es imperativo ser autocríticos y vernos en el espejo. Acto seguido, recordó el caso de la llamada Casa Blanca y reconoció: en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente; por eso, con toda humildad, les pido perdón.

A 19 meses de que se difundió el presunto conflicto de intereses asociado a la casa de su esposa, Angélica Rivera, la ceremonia solemne de promulgación de las leyes del SNA sirvió de escenario para una autocrítica, ante la representación de los poderes Judicial y Legislativo, y casi todo su gabinete, en primera fila el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, involucrado en un caso similar.

El mandatario indicó: “en noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.

Ovación

La referencia, una suerte de acto de contrición de un hecho que ni los legisladores del PAN, Roberto Gil, ni del PRD, Jesús Zambrano, se habían atrevido a invocar en la solemne ceremonia, le valió al Presidente una prolongada ovación, la única que interrumpió su discurso.

Peña Nieto atribuyó a ese error su convencimiento para relanzar el modelo de combate a la corrupción ofrecido inicialmente como presidente electo, pero relegado ante reticencias políticas. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación. Estoy seguro de que en México habrá un antes y un después de este sistema.

En el presídium estaban no sólo representantes de los poderes Judicial y Legislativo, sino también prácticamente el gabinete en pleno, a excepción del titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, utilizado para sortear el escándalo desatado en noviembre de 2014 por la Casa Blanca y que, cumplida la tarea de haber exculpado al Presidente –en agosto pasado–, dimitió ayer al cargo.

Esta vez la convocatoria no fue tan amplia como en otras ocasiones el Presidente ha requerido para el lanzamiento de sus más ambiciosos proyectos sexenales. La plana mayor de gobernadores –presente en anteriores ocasiones– estuvo ausente, incluidos aquellos señalados de presuntos actos de corrupción.

Sólo tres gobernantes locales acudieron a la cita, todos provenientes de alianzas de la oposición: Gabino Cué, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores; Graco Ramírez, de Morelos, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien aprovechó el casual encuentro con Peña Nieto para acordar un acercamiento más formal y dirimir diferencias.

La ausencia de la clase política estatal fue cubierta por una masiva afluencia de representantes de la sociedad civil, a quienes todos los oradores, desde el Presidente hasta los legisladores, reivindicaron como protagonistas centrales de este nuevo modelo para combatir la corrupción.

Este fenómeno fue reconocido y asumido por todos como problema central de la nación, bajo las más diversas definiciones e inverosímiles metáforas.

Un cáncer social, resumió Peña Nieto; una amenaza al estado de derecho y sistema democrático, alertó Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los representantes de la nación asumieron la imperiosa e inaplazable obligación de erradicar este problema, presente en todos los ámbitos del gobierno, ante el acelerado desgaste de la credibilidad de las instituciones.

Concluido el acto, la Presidencia de al República se apresuró a difundir el desenlace que tuvo el convenio efectuado entre Ingeniería Inmobiliaria del Centro –del Grupo Higa– y la esposa del Presidente sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, el cual fue dado por concluido el 11 de diciembre de 2014.

Al finiquitarse el convenio de compraventa del inmueble, éste regresó a posesión de la empresa, aunque nunca se transmitió, por tratarse de un contrato con reserva de dominio. Por lo que ahora, Rivera –según la información de la Presidencia– no tiene relación alguna con el inmueble, es decir, ni la posesión ni la propiedad.