Buenos Aires.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por las reformas del gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri a la ley de comunicación audiovisual que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión y exigió tomar medidas para evitar esa concentración.

La ley de comunicación audiovisual promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), elaborada por más de 200 organizacicones universitarias, académicas y sociales y votada por mayoría en el Congreso en octubre de 2009, fue considerada por organismos internacionales como un modelo de democratización de la información, que impedía la concentración monopólica mediática. El Grupo de Medios Clarín y jueces cercanos impidieron su aplicación y a partir de la llegada de Macri al gobierno el pasado 10 de diciembre, en días fue anulada por decreto de necesidad y urgencia, lo que destruyó el mayor proyecto de democratización de la información en el país.

El Comité de la ONU también se expresó sobre la lentitud para investigar las responsabilidades de los grupos económicos en delitos de lesa humanidad, cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983), la persistencia de las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias por parte de la policía.

Exigió que se avance en el juzgamiento de los empresarios y del personal de las empresas involucrados en delitos de lesa humanidad y además se refirió críticamente a la adopción de recientes medidas de reducción de personal (despidos masivos) y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia.

También se criticó la situación en la cárceles, el autogobierno de los servicios penitenciarios y cuestionó las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad sin control judicial suficiente solicitando al Estado tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito.

Homenaje en la AMIA

Por último, el comité abordó la investigación por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA), ocurrido el18 de julio de 1994, que se recordó este día en un homenaje frente a la nueva sede de esa organización destruida entonces. Advirtió el comité de la ONU que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para investigar lo ocurrido en el ataque en 1994 al edificio de la AMIA, con el fin de que los responsables sean llevados ante la justicia y tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación se lleve a cabo de una manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y transparente.

Precisamente en el homenaje de las autoridades de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas a la que asistieron Macri y funcionarios de su gabinete, dos de cuyos integrantres trabajaron en esos organismos, se solicitó al gobierno que la causa por el atentado contra la mutual judía sea prioridad de Estado.

El vicepresidente de la AMIA, Ralph Saieg, manifestó satisfacción por las primeras decisiones del Ejecutivo, que terminó con el Memorándum de Entendimiento (2013) de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con las autoridades de Irán, para que jueces argentinos -además de personalidades internacionales- pudieran viajar a Teherán para indagar a funcionarios de ese país, acusados por Estados Unidos e Israel como responsables del atentado de 1994, a pesar de que no existe prueba alguna.

Esto hubiera terminado de cerrar con verdad una causa compleja, cuya resolución obstaculizaron Estados Unidos e Israel si no se acusaba a Irán y a la miliciía chiíta libansesa Hezbolá como responsables, lo que colaboraba con sus trazados geoestratégicos para esa región.

En resumen se ha regresado a fojas cero en este caso ya que Saieg volvió a señalar la pista de los ciudadanos iraníes conectados con Hezbolá y recordó las alertas rojas de pedido de captura internacional que mantiene Interpol sobre ellos (alerta en realidad mantenida por el gobierno anterior).

También el vicepresidente de AMIA recordó al ex fiscal Alberto Nisman, pidiendo que se investigue su muerte, la que ha sido debidamente investigada.

Las investigaciones sobre la muerte de Nisman (enero de 2015) también determinaron, mediante por peritos calificados incluyendo los de la Corte Suprema que no había indicios de una tercera persona en el lugar y todo indicaba que se había suicidado. Pero la muerte de Nisman se transformó en una operación contra la ex presidenta Fernández de Kirchner en el marco de una probada guerra sucia de medios y sectores del Poder Judicial, que hoy son parte del poder gubernamental.