El Senado se apresta a dictaminar en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en septiembre, la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto el 28 de abril pasado para expedir la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, la cual busca “actualizar el valor catastral de los predios de ‘forma masiva’, para apoyar el fortalecimiento de las haciendas municipales”.

Destaca el titular del Ejecutivo federal, en la exposición de motivos de la iniciativa, que la diversidad existente entre registros públicos y catastros ha dado por resultado que en diversas mediciones internacionales, México ocupe posiciones muy por debajo de la media respecto de otros países evaluados. Se trata de una situación que impacta negativamente en aspectos de competitividad internacional, así como en el mercado inmobiliario, cuestionándose la posición del Estado mexicano como garante de la certeza y seguridad jurídica de los derechos de propiedad.

Argumenta Peña Nieto que la diversidad existente en la regulación de la materia ha generado dificultades que impiden que registros públicos de la propiedad y catastros funcionen como un instrumento en pro de la certeza jurídica, entre otras cosas, porque son ineficientes.

Peña Nieto sostiene que en algunas entidades federativas prevalece el sistema registral de libros; en el caso de los catastros, muchos todavía operan con planos y cartografía de papel, los cuales se encuentran en la mayoría de los casos desactualizados. Estas prácticas resultan ineficientes e inseguras, generando demoras, corrupción e ineficacia para los ciudadanos.

Peña Nieto agrega que la tecnología en los catastros es inadecuada; la carencia de fundamento jurídico de los sistemas electrónicos empleados provoca que la inscripción o registro que se efectué de manera electrónica no constituya prueba plena, y los tiempos de respuesta son muy tardados, en promedio seis meses; en la mayoría de las entidades federativas no se regula con precisión el perfil que deben de tener los servidores públicos, entre otros.

Dice el Ejecutivo que la actividad catastral no refleja suficientes beneficios fiscales para la mayoría de los municipios, tampoco favorece la administración de la propiedad, la planeación y el ordenamiento urbano.

Ante ello destaca la necesidad de contar con instituciones que brinden eficiencia, costos competitivos y agilidad de trámites, para lo cual propone la revaluación catastral para apoyar el fortalecimiento de las haciendas municipales.

Apunta que los procesos catastrales, además de contener disposiciones respecto al registro de los predios, la iniciativa incluye sin invadir competencias de los gobiernos locales, elementos fundamentales para el proceso de valuación y revaluación catastral .

En ese sentido se fija un esquema bajo el cual los catastros deberán realizar los procesos de actualización del valor catastral de los predios de forma masiva, garantizando en todo momento la equidad en la determinación de los nuevos valores.

Plantea, además, que se debe crear la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, el cual será instrumento estratégico que servirá de soporte en materia de ordenamiento territorial y desarrollo económico, social y ambiental, mediante la participación de la Sedatu y registros públicos y catastros de los estados.