Tras un tortuoso proceso de acercamiento, deliberación y aprobación, finalmente este mediodía el Sistema Nacional Anticorrupción –una oferta de Enrique Peña Nieto desde que era presidente electo– podrá comenzar a materializarse, cuando el mandatario promulgue, en Palacio Nacional, las leyes secundarias a la reforma constitucional que lo crea.

Con la corrupción como preocupación central de la sociedad, en medio de numerosos escándalos asociados a este fenómeno que ha proliferado en los años recientes, el Sistema Nacional Anticorrupción pretende inhibir sus alcances, si bien, en el colofón del debate legislativo y su aprobación quedaron elementos centrales fuera del contexto legal. Entre ellos, la difusión de la declaraciones patrimonial, de impuestos y de intereses de los funcionarios públicos.

Tras un largo proceso, en el cual el Sistema Nacional Anticorrupción pasó de ser una ambiciosa oferta del gobierno priísta entrante, encabezado por Peña Nieto –tras 12 años de administraciones panistas- lanzado en noviembre de 2012 –abandonada ante reticencias internas y de la oposición– a desesperada maniobra presidencial para atajar la creciente inconformidad social ante la difusión de presuntos actos irregulares, que involucrarían un conflicto de intereses con una de las principales empresas contratistas del gobierno federal en el denominado caso de la casa blanca.

Propuesta empantanada

Presentado como una de sus principales cartas en vísperas de su ascenso al gobierno y ratificado entre los anuncios tras la toma de protesta, el modelo anticorrupción tuvo una primera etapa para su lanzamiento: en la nueva estructura del gobierno federal, anunciada a finales de 2012, ya no aparecía la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se pretendía dar paso a la nueva instancia anticorrupción. Un artículo transitorio permitió la existencia de la SFP hasta que se creara lo que en un principio era comisión anticorrupción, mucho antes de que pasara a ser un sistema.

Muy pronto la propuesta presidencial se empantanó y, con el correr del sexenio, mientras se aprobaban otras reformas estructurales, se le marginó. Sería en noviembre cuando la difusión de un reportaje que ligaba al Presidente con una casa construida por el Grupo Higa sacudió Los Pinos a mitad del sexenio, lo que desempolvó la iniciativa como apresurada medida para contener los crecientes cuestionamientos a Peña Nieto por el presunto conflicto de intereses.

En ese contexto, hacia febrero de 2015, se ideó pasar de la comisión anticorrupción a la creación de un sistema nacional, lo cual suponía revivir la SFP que, más allá del papel central que desempeñará en el nuevo modelo, tenía como tarea inmediata la exoneración presidencial del escándalo, lo cual ocurrió en agosto de ese año.

La SFP concluiría la total inexistencia de conflicto de interés tanto del Presidente, como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, envuelto en una situación similar a la presidencial. En este tránsito, se relanzó la iniciativa para aprobar la reforma constitucional y posteriormente las leyes secundarias que hoy se promulgarán.

Un proceso de más de tres años durante el cual, las denuncias por actos de corrupción han tocado a gobiernos de todos los partidos denunciados: los gobiernos de Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, envueltos en fuertes cuestionamientos por presuntos casos de deshonestidad; críticas al gobierno panista de Sonora; sospechas de malos manejos en la Línea 12 del Metro en la pasada administración perredista en la capital, son apenas los más sonados casos de estos presuntos delitos, con repercusiones electorales como expresión social de rechazo.

Y como colofón, la promulgación de las leyes será hasta hoy, tras el frustrado intento del pasado 21 de junio, cuando la abierta oposición empresarial a su inclusión en la obligación de presentar la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, obligó a cancelar el acto y al Congreso a corregir lo que para los empresarios era un despropósito. Satisfechas las preocupaciones empresariales, hoy se promulgarán las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción .