En México el desplazamiento interno –que incluye a familias completas– es minimizado o ignorado por los gobiernos federal y estatales, que atribuyen el fenómeno a las migraciones, señaló la Cámara de Diputados.

Sin embargo, explicó en un amplio análisis realizado por su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el desplazamiento forzado se relaciona con la violencia entre comunidades y la ola criminal, e incluso por la construcción de megaproyectos privados, que han obligado a más de 281 mil personas a abandonar sus lugares de origen entre 2011 y 2015.

Mientras desde el gobierno se desestima el problema y no existen cifras oficiales, el movimiento de personas crece. Las entidades con más casos son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas, y la proporción de pobladores que abandonan municipios violentos es de cuatro a cinco veces mayor que la de gente que habita en regiones sin conflictos.

El centro resaltó que, a pesar de ello, no existe una ley sobre desplazamiento interno que proteja a las personas que se ven obligadas a dejar sus comunidades.

En el documento resalta que así como sucede con la información incluida en reportes sobre secuestro de migrantes, el Estado mexicano ha desacreditado las cifras sobre desplazamiento interno.

Sin embargo, señaló, se tiene documentado que de aquella cifra, un total de 89 mil 859 personas corresponden a 141 casos de desplazamientos masivos en 14 estados.

Crímenes de lesa humanidad

Recordó que en la historia nacional reciente se han dado casos de desplazamiento forzado interno por diversas razones; algunas incluso han constituido crímenes de lesa humanidad, como el caso Acteal, en 1997.

Además cuestionó que la realización de megaproyectos de desarrollo, como la construcción de presas, hidroeléctricas, infraestructura portuaria, turística o petroquímica, así como actividades de minería o agrícolas, constituyen otras razones de desplazamiento interno.

Además, ante la ola de violencia generalizada en el país, consecuencia de la lucha contra el narcotráfico, la población afectada se encuentra ante situaciones de desplazamiento forzado de sus comunidades y requiere protección, así como también aquella que es desplazada por motivos religiosos, indicó.

Resaltó que debido al aumento de la violencia y la impunidad, cientos de familias han sido desplazadas.

La información disponible sugiere que donde ha habido estallidos críticos de violencia se ha producido una ruptura del orden social tradicional, seguida por el desplazamiento interno, expuso.

Detalló que las pugnas entre bandas por el tráfico de drogas, pero sobre todo por el control de territorios, han obligado a las personas a huir de forma individual y masiva en zonas rurales y urbanas.

El desplazamiento de la población civil ha sido un efecto significativo de la guerra contra las drogas en México, según han documentado organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y medios de comunicación, afirmó.

El centro de estudios detalló que la naturaleza y los alcances del desplazamiento forzado de personas en México difieren sustancialmente de las migraciones internas, porque éstas se deben a cambios voluntarios por razones laborales, educativas, de salud o familiares.