e un plumazo y por cortesía del nuevo Inegi, fueron borradas del mapa económico-social del país más de tres décadas de avance sostenido de la pobreza, caída permanente del ingreso, pulverización del poder adquisitivo de la mayoría, descenso constante del nivel de bienestar, ausencia de crecimiento económico y desarrollo prófugo.

Para ello resultó suficiente calcular el ingreso de los mexicanos con criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor para lograr una medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en nuestro país (Inegi dixit). ¿Resultado?: Menor pobreza (versión oficial).

La nueva metodología del Inegi se acopla al machacón discurso oficial, divulgado por el titular de Sedesol, en el sentido de que en México actualmente existe la mitad de la pobreza que había en el año 2000, de acuerdo con mediciones propias y otras publicadas por organismos como el Banco Mundial (José Antonio Meade dixit). Se trata, pues, de que la realidad corresponda al discurso, y no al revés.

Parece que la vieja fórmula institucional de medición de la pobreza en el país (reconfigurada en varias ocasiones y que también tiene sus bemoles) sólo provoca severos ataques hepáticos entre el gabinetazo peñanietista –especialmente el directamente ligado a lo económico y social–, y por lo mismo decidieron habilitar otra a modo para alimentar al discurso oficial, aunque sea con información chatarra.

La idea oficial, pues, es certificar que el desastroso programa de combate a la pobreza (del salinista Solidaridad al peñanietista Progresa, que al final de cuentas es lo mismo) no sólo es efectivo sino muy resultón.

Lo llamativo de todo esto es que la versión oficial asegura que existe menor pobreza en el país, con todo y que la economía se mantiene estancada, los salarios reales a la baja, el desempleo al alza y el desarrollo ausente, y no de ahora sino de muchos años atrás. Pero como en Los Pinos la realidad no les interesa, decidieron rehabilitar la fórmula salinista de los mitos geniales (la pobreza es uno de ellos, decía Pedro Aspe cuando ocupaba la silla principal en la Secretaría de Hacienda), a los que el gobierno no ve ni oye.

Y, en efecto, es tan grande el mito genial de la pobreza en el país que al cierre de 2014 apenas 63.8 millones de mexicanos sobrevivían con un ingreso inferior a la línea de bienestar, de acuerdo con la vieja fórmula del Coneval, cuyo secretario general, Gonzalo Hernández Licona, reconoce que el ingreso de los mexicanos no ha mejorado en cuando menos las últimas dos décadas.

Pero como el señor de Los Pinos quiere dejar en claro que México va por el rumbo correcto, decidió nombrar a un itamita (uno más) al frente del Inegi. Se trata de Julio Alfonso Santaella Castell, quien recibió la instrucción de reducir la pobreza, aumentar el ingreso y reportar números decentes, aunque fueron irreales, toda vez que no existe un solo elemento de dónde agarrarse.

En 2000 el Coneval documentó la existencia de 23.7 millones de mexicanos en pobreza alimentaria y 52.7 millones en pobreza patrimonial. Para 2014 el mismo organismo advirtió sobre la existencia de 24.6 millones de connacionales en pobreza alimentaria y 63.8 millones en pobreza patrimonial. ¿Dónde está la reducción a la mitad que pregona y festeja el titular de Sedesol?

Del más reciente informe del Coneval se toman los siguientes indicadores: entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza se incrementó de 45.5 a 46.2 por ciento; el porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5 por ciento; la población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas; la pobreza extrema se redujo (en números cerrados) de 11.5 a 11.4 millones; el número de carencias promedio de la población en pobreza se redujo de 2.4 a 2.3; las carencias promedio de la pobreza extrema bajaron de 3.7 a 3.6; entre 2012 y 2014 el porcentaje de la población rural en pobreza pasó de 61.6 a 61.1 por ciento, y en el caso de la población urbana de 40.6 a 41.7 por ciento; tanto la reducción del ingreso por hogar entre 2012 y 2014 como la dinámica demográfica fueron factores en el incremento de la pobreza en este periodo; el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo en términos reales en 3.5 por ciento entre 2012 y 2014, es decir, el poder de compra de las familias promedio se redujo.

El 2 de diciembre de 1988 el salinismo estrenó el Programa Nacional de Solidaridad, el cual sería útil no sólo para combatir la pobreza, sino para hacer un balance moral de la sociedad. Casi tres décadas después se denomina Prospera, y entre el primero de los años citados y 2014 el número de mexicanos en pobreza pasó, en números cerrados, de 39 millones a casi 64 millones.

De acuerdo con indicadores de la Sedesol, en 1950 el 89 por ciento de los mexicanos sobrevivía en la pobreza; para 1984 la proporción se había reducido a 53 por ciento; y para 2014 se elevó a 55.7 por ciento. En tres décadas de combate a la pobreza ésta aumentó constantemente. Pero llegó Santaella Castell y dijo se acabó: a partir de ahora en México no hay pobres.

Como siempre, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM aporta para entender de qué se trata todo esto: “el gasto gubernamental en los programas de combate a la pobreza –a nivel federal, estatal y municipal– se incrementó en términos absolutos 96.1 por ciento entre 1970 y 2012. El desembolso ha sido continuo, pero no ha resuelto el problema de la pobreza. En dicho periodo, el número de pobres en México se incrementó 100 por ciento. Entonces, si año con año se incrementó el presupuesto para combatir la pobreza y el hambre, ¿por qué aumentaron?, ¿cuántos de los recursos originalmente destinados a tal fin llegaron a los mexicanos en pobreza?, ¿cuántos se quedaron en el aparato gubernamental y bajo qué argumentos?”

Resultan terroríficos los números sobre los buenos resultados de dicho combate: en 1970 oficialmente existían 31 millones de mexicanos en pobreza; una década después ese número creció a 38 millones, y a 40 millones en 1990. Para 2000, el ejército de pobres acumulaba 53 millones (cifras del Coneval), que aumentó a 57 millones en 2010, a 61 millones en 2012 y a casi 64 millones en 2014.

Las rebanadas del pastel

Poco a poco la llamada reforma educativa toma ruta directa hacia el bote de la basura.

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