El bajo monto de las pensiones, derivado de la reforma que en 1997 transfirió a un sistema de cuentas individuales la gestión de las cuentas para el retiro, tiene implicaciones sociales y económicas que en un breve tiempo comenzarán a hacerse evidentes.

La primera generación que se jubile al amparo del nuevo sistema, algo que ocurrirá en menos de dos años, va a ser un grupo social envejecido y pobre, con un ingreso que rondará el de un salario mínimo, actualmente de 73 pesos. Es el panorama que traza Roberto Rocha López, quien este jueves asumió como presidente de la Asociación Mexicanas de Actuarios Consultores (AMAC), organización cuyos miembros están especializados en seguridad social.

Es necesario analizar y atender las implicaciones sociales y económicas que están generando los bajos niveles de remplazo (el porcentaje del último sueldo que recibe un trabajador a partir de su jubilación) de las pensiones de los trabajadores que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social y las medidas que necesariamente se deben aplicar para atenderlas, dijo Rocha López en una entrevista con La Jornada. Tenemos que ser capaces de transmitir, junto con la adecuada identificación del problema, la solución, apuntó.

De manera concreta y realista, se puede decir que los recursos que van a recibir los trabajadores al momento de la jubilación van a ser muy bajos, aseguró, al hablar sobre las implicaciones sociales y económicas de los montos esperados de pensión bajo el sistema de gestión a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

“Van a ser muy bajos porque sin duda alguna la ley (en vigor desde) 1997 –que sustituyó al antiguo sistema de pensiones definidas por el de aportaciones individuales– nos habla de un esquema que hace viable el sistema como tal, pero reduce el alcance de las pensiones, si lo comparamos con el anterior”, añadió. En definitiva, el régimen previo a 1997 (en el que los trabajadores en activo contribuían a pagar las pensiones de los que pasaban a retito) ya no era viable. Pero se volvió inviable porque no se tomaron las medidas adecuadas y se empezaron a dar beneficios muy por encima de los que se habían previsto para una determinada cuota, añadió.

–¿Cuáles son esas consecuencias sociales y económicas?

–Que los recursos y las pensiones que reciban nuestros jubilados, y está a punto de ser mucho más claro, porque los primeros jubilados de la ley de 1997 lo harán en uno o dos años. Va a ser la primera generación. Van a ser pensiones que tal vez alcancen un salario mínimo, que es lo mínimo garantizado en la ley. Los beneficiarios de esas pensiones no van a tener para comprar lo básico. Va a haber un grupo social envejecido y pobre. Lo vemos con mayor frecuencia, cada vez más viejos pidiendo limosna en los semáforos.

–Se ha hablado sobre aumentar la aportación de los trabajadores a la Afore.

–Es una cuestión práctica. Los niveles salariales de la inmensa mayoría de trabajadores son abajo de cuatro salarios mínimos. Si con eso deben mantener a su familia, el problema está claro. Es un tema económico. Deberíamos preocuparnos por la economía. Si no crece va a ser imposible en la práctica hacer mayores aportaciones. El problema no es sólo hacer aportaciones, sino determinar si el sistema va a dar los frutos esperados.

–¿Es el sistema más adecuado el actual?

–Debatir si el anterior sistema era mejor es una discusión incompleta. Hay que entender la pirámide de población. El sistema anterior definitivamente ya no era viable financieramente. El problema es que el actual no va a resolver el reto que tenemos enfrente. Está bien que digan que hay que aportar más. La pregunta es si todos los trabajadores pueden aportar más. La propuesta de la AMAC va de la mano de buscar mecanismos que combinen lo mejor de ambos sistemas, que busquemos la corresponsabilidad de los trabajadores. Venimos de un esquema muy paternalista, mal enfocado, pero también de una muy mala gestión de esos sistemas, de una gestión política, incompetente, de gente que no conoce este negocio.