La Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya responsabilizó a las autoridades federales –Secretaría de Agricultura (Sagarpa), así como a las comisiones nacionales para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), así como de Derechos Humanos (CNDH)– de un potencial conflicto entre pobladores de las comunidades mayas dedicados principalmente a la apicultura y agricultores que presionan para que se les autorice la siembra de soya genéticamente modificada, la cual está suspendida por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta que se concluya dicha consulta.

En un informe sobre el desarrollo de la consulta realizada en comunidades de los municipios de Hopelchén y Tenabo, la misión expuso que en el proceso fueron violados los principios de buena fe y el clima de confianza mutua y no se garantizaron las condiciones mínimas de seguridad, ya que se permitió la participación de agricultores que no son habitantes de esos lugares y que están a favor de la siembra de la soya, así como de quienes insultaron y descalificaron a los mayas.

Clima de hostilidad

En la reunión convocada para consultar a la comunidad de Vicente Guerrero, municipio de Hopelchén, señalaron, acudieron menonitas y habitantes de otros poblados, quienes generaron un clima de hostilidad hacia los indígenas que se han manifestado en contra del citado tipo de cultivo y los presionaron para que tomaran una decisión viciada o precipitada.

En conferencia de prensa, algunos integrantes de la misión, compuesta por 40 representantes de 23 instituciones, apuntaron que en la segunda fase de acuerdos previos para la consulta que se realizó el 30 de junio y 1º de julio en comunidades de los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche, se detectaron “graves irregularidades que violentaron los principios establecidos por la SCJN y restaron validez al proceso.

Agregaron que ante la aceptación de algunos agricultores presentes en dicha reunión de que ya iniciaron la siembra de soya transgénica, la Sagarpa –por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria– debe realizar la destrucción de los cultivos y llevar a cabo inspecciones periódicas.

Valeria Enríquez puntualizó que el permiso de siembra está suspendido en 36 comunidades de Hopelchén y siete de Tenabo. En Yucatán está en discusión si se lleva a cabo la consulta a las comunidades mayas, pues el gobierno de la entidad la declaró libre de transgénicos.

Edmundo Pozo, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, dijo que la sentencia de la SCJN es fallida porque no fue al fondo del caso, y además la consulta a las comunidades indígenas está a punto de naufragar, ya que las autoridades responsables del proceso han vulnerado los principios mandatados por la SCJN; tampoco se han tomado las medidas necesarias para garantizar la suspensión de la siembra de la soya transgénica como lo ordenó la Corte.