Los centros de detención y penitenciarios, un hospital siquiátrico y tres casas hogares dependientes del gobierno de Michoacán muestran graves y constantes violaciones a los derechos humanos, como el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

De acuerdo con las conclusiones de las visitas que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a una veintena de estos centros, se advierten serias irregularidades que van desde deficiencias en las instalaciones, mala calidad o falta de alimentos y hacinamiento, hasta falta de personal médico, de seguridad y de custodia, así como condiciones de autogobierno.

Para estas revisiones, la CNDH recurrió a sus facultades contenidas en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tras las cual emitió la recomendación 3/2016 sobre lugares de detención e internamiento en Michoacán.

Los recorridos, realizados junto con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluyeron 20 lugares: seis agencias del Ministerio Público (MP), un área de aseguramiento para el cumplimiento de sanciones de arresto; ocho centros de reclusión para adultos y un centro de tratamiento interno para adolescentes; un hospital siquiátrico, y tres casas-hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Durante la supervisión se verificaron las condiciones de estancia, lo que permitió evaluar el respeto a los derechos fundamentales de los adultos y de los menores de edad visitados.

Así, entre las irregularidades más frecuentes encontradas, en el caso de las agencias del MP y separos, fueron las inadecuadas condiciones de las instalaciones, la falta de alimento para las personas detenidas y la carencia de áreas exclusivas para alojar mujeres.

De manera particular se observó que los exámenes médicos para certificar su integridad física tras la detención se realiza en presencia de personal policial o de seguridad. Estas irregularidades se repiten en los centros de detención para adolescentes.

Para los centros de reclusión, a todas estas violaciones a los derechos humanos se añaden el hacinamiento, condiciones de autogobierno, deficiencias en la prestación del servicio médico y escaso personal de atención a la salud, de seguridad y custodia.

Las casas-hogar se reportaron con carencia de personal médico y de enfermería, así como de medicamentos, con instalaciones deficientes y falta de espacios para el desarrollo de actividades diversas.