Por instrucciones del titular del Ejecutivo, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los gobernadores y congresos de Veracruz y Quintana Roo, por la aprobación de leyes locales anticorrupción, por considerar que las normas impugnadas generan inseguridad jurídica y podrían poner en riesgo la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en la reforma constitucional de mayo pasado.

En conferencia de prensa realizada en Los Pinos, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, anunció lo anterior y adelantó que la dependencia analiza interponer una demanda similar en contra del gobernador y Congreso de Chihuahua, que aprobó una legislación similar.

Los gobernadores de las tres entidades involucradas han sido criticados por los partidos de oposición por impulsar dichas normas con el fin de blindarse ante posibles demandas de corrupción cuando terminen sus mandatos.

Durante la conferencia, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, aseveró, sin precisar destinatario, que uno de los propósitos del nuevo sistema anticorrupción es que no haya legislaciones a modo y precisó que la instrucción presidencial es que ‘‘ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley’’.

En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones. ‘‘Esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que el Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir’’, sostuvo Sánchez.

De acuerdo con fuentes judiciales, se espera que en las próximas horas el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, admita a trámite ambas acciones y las turne a otro integrante del pleno para que resuelva si las admite. Asimismo, confirmaron que debido a que la ley no prevé el otorgamiento de suspensión del acto reclamado, las normas impugnadas seguirán vigentes hasta que la Suprema Corte determine sobre su constitucionalidad.

Explicaron que los nombramientos que realicen los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo de funcionarios, fiscales, peritos o policías anticorrupción, así como todas las investigaciones y resoluciones emitidas antes de que la Corte resuelva, quedarán sin efecto en caso de que el máximo tribunal determine la inconstitucionalidad de las normas.

Sandoval Silva señaló que ‘‘lo que en esencia se ha solicitado’’ a la SCJN es que ‘‘advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción’’, sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes, además de que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.

Interrogado sobre si las demandas tienen trasfondo político en contra de los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente, Sandoval señaló que no podía comentar nada sobre denuncias en curso y aseguró que en todas las demandas que se presenten en contra de cualquier gobernador, la PGR agotará todas las líneas de investigación.

En tanto, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto está comprometido con la legalidad, y el hacer cumplir las leyes ‘‘es un ejemplo de que el gobierno actuará y seguirá actuando como hasta ahora’’.