a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) añadió ayer un elemento a la polarización que vive el país: con argumentos atendibles desde el punto de visto técnico y científico, pero aun así contrapuestos parcialmente o no coincidentes expresamente con las opiniones de peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la citada comisión ha dado a conocer un informe sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyos puntos más mediáticos señalan que el estudiante de Ayotzinapa no murió a causa de disparo de arma de fuego, sino de golpes, y que el desollamiento facial y el desprendimiento de su ojo izquierdo, hasta ahora considerados como muestra del salvajismo de sus agresores, no fueron tal, sino resultado de la acción de la fauna depredadora existente en el lugar donde fue encontrado.

En 27 detalladas páginas se desarrolla el informe de la CNDH, presidida por Luis Raúl González Pérez (quien fue fiscal especial para el caso Colosio y es ombudsman como parte del grupo político de la UNAM que mantiene esa comisión a título de coto desde su fundación, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari). A reserva de que sea confirmada o refutada la tesis de que Mondragón Fontes no fue desollado vivo, lo que en reportes oficiales inmediatos así fue consignado e incluso declarado por alguno de los aprehendidos como algo que había oído, la brutalidad de ese asesinato no es menor. Dice el reporte en cita: A Julio César le fueron provocadas fracturas en los 8 huesos del cráneo y en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara, la más severa producida en el macizo facial. El cuerpo de Julio César presentó múltiples fracturas en 19 huesos del tórax y columna, 10 de ellas en arcos costales (7 del lado izquierdo y 3 del lado derecho). En suma, a Julio César Mondragón Fontes le fueron ocasionadas 64 fracturas en 40 huesos de su estructura ósea.

El joven normalista, apodado El Chilango, esposo y padre de familia, no sólo sufrió un asesinato tan atroz: debe establecerse también que para los familiares de Julio César Mondragón representó un impacto victimizante el hecho de que los resultados de las muestras de ADN que se tomaron para establecer su plena identificación tardaran más de tres meses en ser reportados, lo que implicó que los restos mortales de Julio César permanecieran innecesariamente en el Cemefo de la PGR, con la consecuente imposibilidad de inhumarlos en tiempo prudente y necesario (aquí, el informe completo).

La CNDH, que sobre todo a la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pareciera en busca de un leve posicionamiento discrepante desde posiciones oficiales, ha formulado nuevas propuestas y observaciones a la PGR, la fiscalía guerrerense y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ayer mismo, en las redes sociales, se impugnaba con insistencia la versión de que el normalista Mondragón Fontes hubiera sido víctima de fauna depredadora y no desollado, como hasta ahora se había sostenido. A fin de cuentas, con la valía que significa el aporte específico de datos comprobados sobre lo sucedido en aquellas horas terribles, el tema de fondo sigue siendo la virtual impunidad de los actores y factores de poder que permitieron y permiten acciones como las de Iguala y los alrededores. Siguen desaparecidos los jóvenes de Ayotzinapa, mientras el sexenio avanza y se consume, con el distractor electoral bien instalado.

Bien haría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en extender la vista y señalar y exigir resultados (con la contundencia que el caso requiere) a la administración de Peña Nieto, responsable histórico de lo que sucedió y ha sucedido; al secretario de Gobernación, que sólo da largas al asunto; a la secretaria de Relaciones Exteriores, que se niega a instalar una comisión de seguimiento; a la procuradora federal de justicia, que sigue contando en sus filas con el falseador Tomás Zerón, y a los políticos y funcionarios estatales y municipales involucrados, quienes siguen como si nada.

Los Pinos hizo un movimiento escénico para intentar el freno de una de las varias modalidades de blindaje y venganza que han intentado los gobernadores salientes de Veracruz y Quintana Roo para evitar que puedan enjuiciarles los entrantes, sus adversarios deseosos de encarcelarlos por corruptos. El vocero de la casa presidencial informó ayer, acompañado de un funcionario de la PGR, que se había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra los congresos de los estados antes citados, para cancelar la posibilidad de que se nombren funcionarios que impidan la aplicación de las nuevas reglas contra la corrupción.

Duarte de Ochoa y Borge (junto con el chihuahuense César Duarte Jáquez, no incluido en el lance justiciero de Los Pinos) forman parte de una fauna depredadora muy extendida en el país. Aparte de buscar una protección extrema ante las cantadas pretensiones de sus sucesores de revisar a fondo sus cuentas y buscar castigo a pillerías, están tratando de dejar herencias envenenadas que hagan la vida imposible a los relevos, aunque en realidad a quien más perjudicarán será a la población en general: basificar a las clientelas personales y a empleados de confianza para generar nóminas tan altas que impidan atender demandas ciudadanas, dejar cuantiosos pagos pendientes a las administraciones entrantes y contratar deuda que impactará gravemente a los gobernadores que están por tomar posesión del cargo.

Lo más importante, sin embargo, va por fuera del PRI. Peña Nieto, con esta acción de inconstitucionalidad, pretende darle oxígeno al proyecto de bipartidismo inducido, pues a fin de cuentas está atendiendo, aunque sólo sea de manera escénica y en uno solo de los rubros, las denuncias panistas de agresiones de gobernadores priístas salientes contra los de blanco y azul que están por entrar. ¡Hasta mañana!

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