En las decisiones sobre las solicitudes de asilo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) aplica criterios discrecionales, en abierta violación a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México, denunció Arturo González González, director del Servicio Jesuita a Migrantes México.

Dijo que de los 400 mil migrantes centroamericanos que anualmente intentan cruzar el territorio nacional, se calcula que más de 150 mil son personas que necesitan protección internacional, pues huyen de sus países a causa de la violencia. Pero ante esta crisis de asilo, el gobierno mexicano aprueba menos de mil solicitudes de refugio cada año.

Para el sacerdote jesuita no hay diferencia entre lo que hacen las naciones europeas con los migrantes que intentan llegar a sus territorios, y lo que en esta parte del hemisferio realizan México y Estados Unidos en contra de los migrantes centroamericanos y mexicanos.

Sin embargo, advirtió que este situación se agrava, pues la violencia e impunidad que sufren las personas migrantes en México se inserta en la otra gran crisis general de derechos humanos que se vive en el país a todos los niveles desde hace más de una década, la cual se refleja en las más de 57 mil muertes violentas ocurridas tan sólo en los tres primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, y los 116 conflicto etnoterritoriales detectados entre enero de 2014 y junio de 2015.

También están los feminicidios, los niveles de tortura sistematizada, los casos de ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de 56 dirigentes de organizaciones campesinas, grupos indígenas y de defensa de la tierra, además de sacerdotes y familiares de personas desaparecidas, el tener cinco de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y el que 11 personas desaparezcan diariamente en México, entre muchas otras cifras que en los hechos se traducen en el sufrimiento de millones de mexicanos.