Hermosillo, Son.

Habitantes de municipios aledaños al río Sonora afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido hace casi dos años en los ríos Sonora y Bacanuchi, no reciben atención médica especializada debido a que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (Uveas) fue cerrada.

Por orden de Grupo México, propietario de la mina Buenavista del Cobre, de donde salieron los contaminantes, la Uveas provisional ubicada en el municipio de Ures cerró el pasado 30 de junio y dejó de atender a 360 habitantes. De esta forma, Grupo México incumplió su compromiso de atender la salud y remediar los daños al ambiente.

El personal de la Uveas (un epidemiólogo, tres médicos de otras especialidades y dos generales, tres enfermeros, dos choferes, un químico, un sicólogo, una trabajadora social, un capturista, un asistente administrativo y el director general) fue despedido y liquidado sin explicación.

Supuestamente el centro de salud provisional estaría en funcionamiento mientras el fideicomiso creado por el consorcio minero propiedad de Germán Larrea construía una clínica. El edificio es vigilado por un guardia, quien dijo que no hay fecha para la reinstalación de personal.

El derrame de tóxicos afectó a 360 vecinos del río Sonora, quienes padecen enfermedades de la piel, oftalmológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardiovasculares, entre otras, lo que pone en riesgo la salud de 99 niños y 67 ancianos.

El delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya, ha dicho que este asunto es entre particulares y que la dependencia no puede intervenir. Aseguró que solicitó un informe al comité técnico del fideicomiso y que la construcción del Inveas –que debió estar terminado en 2015 y se ha retrasado por falta de pago a los trabajadores de la obra– lleva un avance de 30 por ciento.

Advierten sobre daño ambiental y a vestigios históricos; falta aprobación de cabildo y asamblea

Diana Manzo, Corresponsal

Ixtepec, Oax.

Pobladores e integrantes de organizaciones civiles de esta localidad destruyeron con marros y barretas una de las cinco mojoneras del consorcio Plata Real, en rechazo a la mina Prospecto Ixtepec, de donde dicha empresa pretende extraer oro y plata a cielo abierto.

El consorcio Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, obtuvo en 2008 una concesión por 50 años para extraer minerales del lote denominado Niza, identificado con el número T-232089, en 8 mil 150 hectáreas.

La mojonera destruida estaba en el camino conocido como Chibaguii, adonde arribaron en unas 20 camionetas activistas y otros ciudadanos con pancartas que decían ¡No a la mina, sí a la vida!

Mujeres zapotecas de Ixtepec fueron las primeras en tomar las herramientas para destruir la mojonera de concreto, de unos 50 centímetros cuadrados, que tenía inscrito el número de lote y la cantidad de hectáreas.

Irma Cartas González y Faustina Guzmán aseguraron que mientras el patrón San Jerónimo les preste vida, no permitirán que ninguna empresa expropie minerales porque es atentar contra la vida en esta región.

Dijeron que existen tres zonas arqueológicas que resultarán afectadas con la mina: El Carrizal, Zopiloapan y Bacuana, considerados sitios sagrados.

Rubén Valencia, representante del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, informó que Plata Real ya obtuvo 50 por ciento de los requisitos para comenzar a explotar la zona, pero aún le faltan los más importantes: el acta de cabildo y un acta de asamblea comunal.

Detalló que los opositores a la mina solicitaron un amparo preventivo, avalado por 4 mil firmas de 37 barrios, con apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Mineria, a fin de saber qué autoridad autorizó la explotación de la zona.

Valencia dijo que se violó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues no se realizó una consulta.