Promulgadas en septiembre de 2013 para establecer otro modelo laboral y administrativo, al incluir nuevos mecanismos de acceso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente, las leyes secundarias de la reforma educativa provocaron la resistencia de grupos disidentes y abiertos reclamos del magisterio y de sectores académicos.

Profesores frente a grupo y especialistas afirman que son tantas las fallas e inconsistencias en la aplicación de la reforma educativa que no son pocos investigadores e instituciones, incluso aquellos alejados de las posiciones de quienes desde su aprobación denunciamos los factores punitivos, los que están constatando que en realidad se trata de una farsa.

La reforma prometió que cada nuevo docente que ingresara bajo los nuevos mecanismos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) estaría acompañado de un tutor para vigilar su desempeño. Esto nunca ha ocurrido, no se cuenta con esos miles de tutores, afirmó César Navarro Gallegos, profesor-investigador del Instituto José María Luis Mora.

Agregó que la reforma también prometió un nuevo modelo de formación con perspectiva pedagógica distinta y acorde con el México del siglo XXI. Hasta ahora carece de todo contenido educativo y pedagógico. Tampoco se ha cumplido con uno de los artículos transitorios de la LGSPD, de que se realizaría a la brevedad un diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales.

Navarro consideró que son tantas las fallas, las inconsistencias y los vacíos, que podemos afirmar que se trata de una reforma que nació esterilizada de todo contenido educativo y pedagógico.

Maestros y directores frente a grupo denunciaron que uno de los ejes prioritarios de la reforma, la evaluación, también se ha aplicado violando toda normatividad.

Recordaron que durante la primera aplicación de la evaluación del desempeño a educadores en servicio no se respetaron los criterios de selección, tampoco se informó de forma oportuna quiénes serían convocados ni cómo debían presentar las evidencias de su labor en el aula. A esto se sumaron las fallas de organización, técnicas y el despliegue de miles de policías para resguardar las sedes.

Un informe reciente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, denominado La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido a lo realizado, destaca en sus conclusiones que el proceso aplicado en noviembre pasado a poco más de cien mil docentes no permite conocer las prácticas pedagógicas o de dirección y gestión de los sujetos evaluados.

Considera que la evaluación realizada en el marco de la reforma 2013 no ofrece un diagnóstico de la práctica docente, sino una imagen difusa respecto de la información técnica y disciplinaria, así como del conocimiento de la legislación educativa y normas escolares que poseen los sustentantes.

Otros de los factores que no han logrado implementarse, y que fueron denunciados por maestros que alcanzaron niveles destacados en la evaluación del desempeño, es el pago de 35 por ciento de incremento a su salario base –que sólo aplica para las disciplinas o plazas en que fueron evaluados–, así como la imposibilidad de acceder a cambios de centro de trabajo o interestatales, y el otorgamiento de ascensos a cargos directivos alcanzados a través de la evaluación.

A esto se suma la inconformidad de miles de maestros por la falta de pago total del estímulo otorgado a través de las distintas etapas del programa de Carrera Magisterial –que desapareció a partir de mayo de 2015–, ya que el incremento otorgado este año sólo impactó su salario base.

La inconformidad en la aplicación de la reforma educativa entre sectores magisteriales no vinculados a la disidencia magisterial, afirmaron docentes, se ha incrementado en diversos estados.