Podrán acogerse a nuevo código de justicia
Sábado 9 de julio de 2016, p. 25
Chihuahua, Chih.
Con el nuevo Código de Justicia Penal para Adolescentes, el Poder Judicial prevé la inminente liberación de unos 250 menores que cometieron delitos graves como secuestro, extorsión y asesinato, y se les había sentenciado a penas hasta de 15 años en centros especializados.
El vocero del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nicolás Juárez Caraveo, indicó que actualmente en la sala especializada en justicia para adolescentes, se tienen 327 casos de infractores a los que ya se les ha dictado sentencias.
Algunas, con penas hasta de 15 años en los tres centros especializados que tiene el estado; sin embargo, unos 250 podrán solicitar el beneficio de la liberación, acogiéndose al nuevo Código de Justicia Penal en la materia que ya está vigente en el país.
Los defensores de oficio que tienen a cargo los expedientes de los infractores sentenciados ya solicitaron 141 audiencias –para pedir la liberación– las cuales empezaron a ser desahogadas este viernes. Juárez Caraveo explicó que el sistema no tiene prevista una liberación automática de todos los menores infractores que ya cumplieron el máximo de los cinco años a los que pueden ser condenados, de acuerdo con el nuevo código, pero es un derecho que tienen y se analizará cada caso.
Dijo que el Poder Judicial busca a los parientes de los infractores que están en condiciones de recuperar su libertad para que regresen al ámbito familiar y continúen el proceso de readaptación. Algunos siguen siendo menores y otros ya tienen 18 años.
El funcionario del TSJ aceptó que entre los adolescentes que pueden ser liberados están algunos que cometieron delitos graves. La nueva ley no permite hacer públicos los nombres de esos adolescentes infractores; pero hay casos en que algunos cometieron homicidios de alto impacto que conmocionaron a la sociedad.
Está el caso de dos jovencitas de 15 y 16 años que asesinaron a sus padres y abuelos, fueron sentenciadas a 15 años, y estarían próximas a cumplir los cinco años máximos de reclusión previstos en el nuevo Código Penal.