Mariano Palacios Alcocer, embajador de México ante el Vaticano, fue demandado por incumplimiento de la pensión de alimentos y régimen de convivencia de su hija, de cinco años, ante el juez 37 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La demanda fue interpuesta en enero pasado por Itzel García Muñoz, de 41 años, con quien el embajador, de 63, sostenía una relación extramarital antes de partir a la Santa Sede, lugar donde el protocolo exige a representantes diplomáticos estar casados con base en la moral católica, requisito que Palacios Alcocer cumplió debidamente con su esposa Ana María González González, con quien procreó siete hijos.

De acuerdo con el expediente judicial número 1804/2014, cuyas copias posee La Jornada, a Palacios Alcocer, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Itzel García lo acusa de no cumplir un convenio judicial, discriminar a su propia hija –que padece problemas médicos y con quien rechaza convivir– e incumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión alimenticia que se niega a incrementar, pese a poseer una fortuna en bienes raíces que en su declaración patrimonial pública no aparece.

En entrevista, García Muñoz, madre de la menor nacida el 24 de marzo de 2011, denuncia además el trato de favoritismo que el también ex gobernador de Querétaro recibe de autoridades del servicio exterior mexicano, en particular del juez 37 de lo familiar, José Antonio Navarrete Hernández, quien se niega a tramitar pruebas y exhortos internacionales relacionados con el caso.

El juez no ha actuado conforme lo que se supone debe hacer. Él debió solicitar varias pruebas al Registro Público de la Propiedad de todos los bienes inmuebles a nombre de Mariano que encontramos, pero no lo hizo; tampoco informó al Ministerio Público de la posible comisión de ciertos delitos cometidos por el padre de mi hija; mucho menos requirió los estudios socioeconómicos que solicitamos se realizaran en Roma, donde actualmente vive, dice al entregar a La Jornada una copia del acta de nacimiento de la menor, registrada legalmente por su padre.

Doble moral

Hace dos meses el Vaticano otorgó a Palacios Alcocer la Orden Piana de Pío IX por su labor diplomática y en reconocimiento a su servicio al Papa y a la Iglesia católica.

En respuesta a la demanda interpuesta en su contra por incumplimiento de la pensión alimenticia a su hija –a la que se niega a ver desde hace dos años–, el ahora diplomático contestó que la convivencia no debe ser considerada una exigencia, porque sería un fracaso en perjuicio de la menor.

Con ello se contraviene el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que no es un concepto que quede marginado a los límites de su aceptación jurídica, pues en esencia involucra el verdadero ánimo de actuar, dice el embajador.

Y argumenta su negativa: se trata de la relación paterno filial de una hija nacida fuera del matrimonio, producto de una relación esporádica en la que nunca existió ni ha existido una convivencia en pareja, y este progenitor sostiene una relación de matrimonio con diversa persona, con una familia que requiere de su atención.

Palacios Alcocer antes de ser nombrado embajador estuvo separado de su esposa Ana María González, aunque los requisitos para ser representante diplomático ante la Santa Sede exigen vivir en matrimonio católico.

Itzel García Muñoz es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; conoció a Palacios Alcocer cuando era su alumna. Luego se convirtió en su asesora en el PRI, cuando él fue presidente del instituto político hasta 2007.

Cuenta que aunque ella no quería embarazarse, Palacios Alcocer insistió y la niña nació en marzo de 2011: me propuso que viviéramos juntos, pero me negué; también me ofreció sacarme de trabajar y no acepté; luego me dijo que lo iban a nombrar embajador en Canadá y que la niña y yo nos fuéramos con él, pero le dije que lo iba a pensar. Luego le ofrecieron irse de embajador ante la Unión Europea y no quiso. Finalmente me dijo que se iba a la embajada en la Santa Sede y que el requisito era que estuviera casado, por lo que se iba a ir con su esposa.

Añade: le cuestioné su doble moral porque finalmente escogió irse al Vaticano. Luego tuvimos un enfrentamiento porque una de sus hijas se embarazó sin estar casada y él la corrió de su casa. Le dije que era un hipócrita, porque tenía una hija en estas condiciones y yo, como madre soltera, me identificaba con ella. Él ejerció mucha violencia sobre mí, sobre todo emocional, y utilizó mucho a la niña para amenazarme.

Cuando finalmente se fue a Roma, en 2013, recuerda que ella no estaba trabajando porque el problema médico de la niña le exigía tiempo completo y en su cuenta bancaria sólo tenía 3 mil pesos; entonces él le dejó únicamente un cheque de 20 mil pesos. Comenta que vive en su departamento de 87 metros cuadrados en Mixcoac y la pensión alimenticia de 30 mil pesos, que había sido estipulada en un acuerdo privado sin carácter judicial, que luego se oficializó legalmente.

Copia del acta de nacimiento de la hija que Mariano Palacios Alcocer procreó con Itzel García Muñoz

Los exhortos internacionales no fueron tramitados debidamente por autoridades judiciales y, en febrero de 2016, decidió escribirle a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, para enterarla del vergonzoso asunto relacionado con el embajador ante la Santa Sede y solicitar su intervención, a fin de que los exhortos fueran tramitados.

Llamó su atención porque durante cuatro años, Palacios Alcocer ha intentado mantener en secreto esta historia. Por ello, y debido a que se trata de un hombre con poder político, desde que se presentó la primera demanda a la fecha tengo miedo por la integridad de mi familia, dice la carta, cuya copia está en poder de La Jornada, con el sello de recibido y que no fue contestada por la canciller.

Fortuna no declarada

Desde hace varios años, Itzel García Muñoz tiene problemas económicos, porque dice que la pensión acordada llega con retraso de 15 días o un mes o simplemente el embajador no la deposita.

Judicialmente solicitó una ampliación del monto, debido a que sus abogados investigaron las propiedades registradas a nombre de Palacios Alcocer y se encontraron con decenas de terrenos, casas y departamentos, que no están incluidos en su declaración patrimonial.

Con los folios del Registro Público de la Propiedad de Querétaro, donde Palacios Alcocer fue presidente municipal y luego gobernador, señalan los inmuebles 170060, 256016, 293653, 328946, 418382, 361566, 371005 y 174501, inscritos bajo la partida 79 del libro 103-A del tomo 4 de la sección primera. En Juriquilla, es propietario, con varios familiares, de un terreno de 20 mil 561 metros cuadrados.

Pero la acumulación de la fortuna del embajador mexicano comenzó cuando era gobernador de Querétaro. De acuerdo con registros públicos, con su familia es propietario de más de 60 inmuebles y también del fraccionamiento Villas de Oriente, ya que un año después de dejar el cargo, el 21 de mayo de 1993, registró a su nombre y el de su esposa Ana María González González la inmobiliaria Las Américas, con la que han adquirido una gran fortuna.

Los documentos del Registro Público y de Comercio de Querétaro también están a nombre de sus hijas Andrea, Ana María, Sofía y María de la Paz, propietarias de predios, lotes urbanos, rústicos y casas. El mismo caso con sus hermanos Jaime, Samuel, Bertha, Esther y Manuel Palacios Alcocer.

A pesar de esto, en la contestación de la demanda el embajador se niega a incrementar la pensión con el argumento de que no está justificado y que sus bienes inmuebles ya los tenía antes del acuerdo de manutención de la menor, y aduce que los retrasos en el pago de la pensión se deben a los trámites burocráticos del intercambio bancario internacional.

La madre de la niña ha solicitado que la embajada descuente de su salario la cantidad correspondiente a la pensión, pero él responde por escrito: es una pretensión descabellada, que carece de justificación, sustento jurídico y sentido de la equidad... la señora Itzel García tiene la misma obligación de proporcionar alimentos en favor de la niña.

Mientras el juez exigió informes de la cuenta bancaria de la madre, los datos de las cuentas de Palacios Alcocer no fueron requeridos por la autoridad: él se comprometió en el convenio privado a entregar una casa a la niña, pero eso nunca se formalizó y ahora él no quiere cumplir, y decidí demandarlo; fue cuando aceptó firmar un convenio en el que se fijó la pensión, el pago de seguro médico y un régimen de visitas abierto. Pero tampoco cumplió.

Autoridades omisas

Desesperada, Itzel García comenta que ha acudido a varias autoridades del gobierno, pero ignoran su caso. Dice que producto de su relación con Palacios Alcocer, ahora ha sido estigmatizada y no consigue trabajo como abogada, además que los problemas médicos de la niña la condicionan laboralmente.

Y muestra la copia de una carta enviada a Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la que le notificó la situación, pero la funcionaria no contestó. La actuación del juez José Antonio Navarrete Hernández ha sido parcial, puesto que no ha dictado sus resoluciones apegándose a lo que establecen las leyes procesales y los criterios jurisprudenciales en la materia, escribe Iztel García en la misiva.

Sostiene que está lucha es por los derechos de su hija: Mariano y yo tuvimos una gran relación, pero me sentía atrapada y finalmente logré vencer mis miedos, y si yo le he enseñado a mi niña a no darse por vencida, a ser valiente, debo predicar con el ejemplo.