La asamblea nacional representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) discutía hasta el cierre de esta edición la posibilidad de pedir que se suspenda –no que se abrogue– la reforma educativa, como muestra de disposición para retomar la mesa de diálogo con el gobierno federal.

En una plenaria realizada en el auditorio de la sección 9 de la Ciudad de México, los profesores disidentes también analizaron un nuevo plan de acción en el que contemplan hacer una marcha el próximo martes a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Delegados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, estado de México, Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, entre otros, deliberaron sobre los posibles escenarios ante la advertencia que hizo la Secretaría de Gobernación de levantar los bloqueos carreteros que mantienen en varios estados, pero particularmente en Oaxaca y Chiapas.

Integrantes de la asamblea informaron que uno de los acuerdos es mantener la exigencia de transformar verdaderamente el sector, con la participación de los distintos actores educativos, y atender los efectos nocivos de la reforma, que incluye el cese de todo acto represivo contra el magisterio, así como la aplicación de despidos y descuentos.

Agregaron que como parte del plan de acción de la próxima semana se analiza el llamado a un paro indefinido de labores en escuelas de educación básica de la Ciudad de México, cuyo pleno de representantes aprobó la medida el viernes.

Al respecto, la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México (AFSEDF) prohibió emprender cualquier acción en favor del paro de labores que se realizará a partir del 5 de julio en las escuelas capitalinas.

En una circular que envió a supervisores de zona escolar el pasado 30 de junio, el director de Educación Primaria número dos de la Ciudad de México, Ricardo Álvarez Román, advirtió que se debe evitar cualquier conducta de cierre y bloqueo de los planteles con el apoyo de los padres de familia.

Lo anterior, con el propósito de frenar acciones de proselitismo o de difusión partidaria, además de inhibir la colocación mantas, carteles, moños o cualquier otra propaganda diferente a la administración directiva del centro escolar.

Supervisores y directores de escuelas de formación básica denunciaron que esto es parte de una campaña de hostigamiento administrativo para impedir los actos en contra de la reforma educativa y la participación de los padres de los alumnos, quienes, según esta instrucción, podrían incurrir en un delito, afirmó Enrique Enríquez Ibarra, secretario general del magisterio disidente de la Ciudad de México.

Luego de que en días pasados decenas de escuelas de educación básica en la capital del país se sumaron a un paro de 24 y 48 horas, denunció que la AFSEDF envió un documento dominado Protocolo para garantizar la seguridad e integridad de los alumnos por suspensión injustificada de clases.

En dicha circular se pide a directivos de las escuelas que interpongan un acta de hechos para asentar las causas, los nombres de los responsables del cierre, las circunstancias en que ocurrieron los hechos y las medidas instrumentadas para reanudar las clases.

Enríquez Ibarra afirmó que se trata de criminalizar la protesta social para introducir miedo en la comunidad de padres de familia y evitar así su compromiso con la defensa de la educación pública.

En el documento se indica que con la finalidad de deslindar responsabilidades, en caso de afectaciones a la integridad física, sicosocial, sexual o de otra naturaleza, deberá incluirse una relación de los alumnos que se presentaron al plantel, especificando aquellos que se hayan retirado solos o aquellos que se hayan retirado en compañía de sus padres o tutores.