La postura de Jan Jarab, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, sobre el fracaso de las acciones gubernamentales para enfrentar las desapariciones forzadas, suscitó opiniones encontradas entre diputados federales.

Armando Luna (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, señaló que, si bien “nada es suficiente mientras las familias no encuentren a sus desaparecidos, la administración federal –a diferencia de la calderonista– dejó de victimizar a los familiares, y reconoció el terrible fenómeno, partiendo de cero. Los gobiernos en el país no estaban preparados para enfrentar las desapariciones, y urge que en el Senado se apruebe la ley que aporte herramientas para enfrentar tan lesivo fenómeno”.

Por el contrario, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Víctor Sánchez, coincidió con Jarab, pues desde la administración federal no hay ruta legal ni política que enfrente el flagelo; hay simulación al expresarse el deseo de resolver, sin existir políticas públicas que así la emprendan.

Para Luna la desaparición de personas es una tragedia que afecta a las familias, a las comunidades donde habitan las víctimas y al país. Difiero del concepto fracaso. Ha habido avances importantes; durante el gobierno de Felipe Calderón se criminalizó a las víctimas, mientras el actual gobierno asumió el problema y emprendió una nueva ruta para resolverlo.

El político coahuilense recordó que en el Senado se encuentra aún sin dictaminar la Ley de Desaparición Forzada, y es necesario que ésta se apruebe, lo antes posible, para aportar herramientas al gobierno federal. La desaparición de las personas deriva en problemas muy graves, como la educación de los hijos, el pago de las hipotecas de las casas, hasta problemas de manutención. Con la nueva ley se contemplaría resolver esos problemas.

Consideró que el gobierno de Enrique Peña Nieto sí ha emprendido una política de resolución del flagelo, no obstante sí es preciso reconocer que para los familiares nada es suficiente mientras no encuentren a sus víctimas.

Para Víctor Sánchez, ex subprocurador del estado de Jalisco, la desaparición forzada se liga con el gravísimo problema de la impunidad. Es evidente que hasta ahora, al igual que sucede con la economía, la promesa de Peña Nieto como candidato en torno a que México sería un país seguro, con paz y justicia, no se ha cumplido.