l rasgo característico del sector público en salud son sus patentes carencias: no cumple con los parámetros de suficiencia de personal capacitado y motivado ni de medios disponibles para brindar la debida atención recomendados por OMS-OPS.

En vez de ocuparse de ellos, Peña Nieto ofreció –primero en campaña y luego destinó para ello la primera mitad del sexenio– la promesa nunca cumplida de instalar una demagógica seguridad social universal, que nadie le había solicitado.

Para la salud universal, incluso su entonces secretaria Mercedes Juan entregó la propuesta de degradar con modificaciones jurídicas el derecho –que establece el artículo cuarto constitucional– a los insuficientes paquetes mínimos que opera el Seguro Popular como toda garantía de protección social en responsabilidad del Estado.

Frente al penoso descalabro de esa estrategia fallida y con el segundo tramo de su encargo por delante, Peña Nieto y el secretario José Narro optaron por activar –tal como recomienda OCDE– un proyecto de universalización restringido, que cubre apenas intercambiar 100 intervenciones entre IMSS/Issste/Ssa, evitando nuevamente ocuparse de las carencias que determinan, desde el fondo, el ruinoso estado del sistema público de salud.

Además, Peña quiere instalar una Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica que recargaría las negligencias en las profesiones operativas que brindan el servicio.

El doctor Narro insiste terminantemente en que no privatiza, y que el proyecto de universalidad restringida” ya crece de 100 a 301 intervenciones. Sin embargo, en su negación de la privatización sólo impera el doble discurso que emblematiza a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Nada nuevo.

Con su pleno conocimiento se subrogan a mansalva servicios institucionales de mastografía, renales y clínicos. Se edifican costosos hospitales en (IMSS-Issste-regionales de alta especialidad) con esquemas de asociación público/privada que serán pagados con recursos públicos durante 25 años. También Peña cedió a MediAccess la red médica de Pemex. Nada nuevo. Narro niega de palabra lo que, con su anuencia, privatizan por minuto las instituciones del sector público bajo su responsabilidad administrativa. Eso se llama doble discurso. Nada nuevo. Es el lenguaje de los titulares de IMSS-Issste.

Pero el centro del debate se localiza hoy en su universalidad restringida. Ella no opera sobre el fondo de aquello que determina y conforma los desafíos de la política pública. ¡Mejorar los servicios, ya! y ampliar el catálogo de prestaciones efectivas a la altura de la ciudadanía del siglo XXI.

Además, exhibe la otra gran constante de todas las reformas sectoriales emprendidas desde De la Madrid (1982) hasta Peña Nieto (2018): decidirlas todas sin consulta social alguna, así como a sus actores (salvo las dirigidas desde los planes nacionales de salud), e imponerlas arriba-abajo vía una cadena de pésimas opciones de política, ninguna de las cuales, por cierto, ha sido siquiera revisada antes de operar el nuevo proyecto.

La universalidad restringida del doctor Narro es el último eslabón de un arco decisorio que cumple ya 34 años con resultados menos que mediocres. El arco ha sido incapaz de estructurar una política pública con garantía mínima de respuestas articuladas para todos frente al desafío sanitario.

Justamente ese gran faltante: una propuesta integral abierta a debate es lo que las profesiones sanitarias aliadas (médicos, enfermeras y afines) ratificaron con su amplia movilización nacional el 22 de junio, dos años después de la primera. Lo que se discute es la orientación de la política pública durante esos 34 años, apuntando al gran faltante de una efectiva propuesta integral, tal y como testimonia el Acta de Hechos Circunstanciada de la reunión de Narro con profesiones sanitarias (27/6/16).

Las profesiones aliadas del frente operativo lo expresan claramente: Peña debe esclarecer frente a la nación cuáles son los contenidos de la reforma que pretende. La Iniciativa para la Comisión de Vigilancia debe ser desechada.

La universalidad que requieren los mexicanos del siglo XXI, que constituye una sólida demanda ciudadana, no está en el proyecto restringido de Peña Nieto para parchar su fin de sexenio. Le falta toda la integralidad y toda la consulta social. Es, nuevamente, un proyecto sólo para terminar una administración. No expresa ni recoge las necesidades sociales; vuelve a imponer lo que su administración, como las que junto con los intereses lo antecedieron, ha decidido como el negro futuro de la salud y la seguridad social de la siguiente generación.

Una verdadera universalidad, la que el país requiere, atendería las carencias y traduciría en ofertas de política urgentes la ampliación del catálogo de intervenciones que hoy deberían cubrir aquello que efectivamente enferma y mata a la ciudadanía. No paquetes a la baja –como hace el Seguro Popular–, sacrificando a la siguiente generación.

La universalidad restringida de Peña es otro parche, calificado incluso de simulación por la oficialista FSTSE de Joel Ayala. Sólo universalizará 100 paquetes de carencias portables. El doctor Narro declara contundentemente que no privatizará, pero aún no se ocupa de la universalidad integral que el país necesita en el siglo XXI. Su tarea rectora del sector se reduce a colorear las fichas de un tablero que organizó la OCDE para que Peña medio termine con algo.

¿Qué partidos políticos, con qué proyecto de país y con qué programa preciso en la materia asumirán el gran desafío sanitario en la jornada electoral de 2018?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco