uando a principios de este siglo diversos medios hacían públicas las andanzas depredadoras de Marcial Maciel, fundador de Legionarios de Cristo, el Vaticano colocó a México como el país donde más se daba el turismo sexual y la pornografía de menores. Le seguían Brasil y Venezuela. Quien afirmaba lo anterior era el arzobispo Piero Monni, entonces representante del Vaticano en la Organización Mundial de Turismo, que considera a Tailandia, Filipinas y Taiwán como santuarios preferidos por los pedófilos del planeta.

Monni sostuvo en 2004, en la Conferencia Europea sobre Abuso de Menores, que a México, los gringos llegan en bandadas, y en solitarios estudios cinematográficos del desierto, en la frontera con Estados Unidos, se multiplica de forma industrial la producción de videos que muestran a menores sometidos a la violencia sexual. Esa denuncia nunca fue desmentida por el gobierno de México e ignorada por las instancias oficiales que dicen proteger a la infancia y supervisar las películas que se filmaban en el país.

Además, Monni reconoció que el fenómeno de la pedofilia ha afectado todas las instituciones, incluida la Iglesia. Debido a los lamentables episodios que han involucrado a la Iglesia en Norteamérica, el Papa ha intervenido con expresiones muy decididas, dijo. Aunque Juan Pablo II y sus sucesores han proclamado que no hay lugar en la Iglesia para quien lastima a los niños, continúan las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos.

Por su parte, Unicef, agencia de Naciones Unidas responsable a escala internacional de velar por la infancia, afirma que en México los menores explotados sexualmente suman cerca de 20 mil. Mientras, la mitad de las mujeres dedicadas a la prostitución en la Ciudad de México son menores de edad, según algunas organizaciones que buscan ayudarlas y evitar su explotación por bandas criminales. Tarea que encuentra muchos obstáculos en el país y el resto del mundo, pues el comercio sexual de menores es una actividad súper organizada. Según Unicef, mueve más de 8 mil millones de dólares al año y un millón de niños caen anualmente en las redes del comercio sexual.

En 2010, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reveló que los estados de Chiapas y Oaxaca y la Ciudad de México son las entidades con mayor incidencia de trata de personas. Siguen Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y Tabasco. Y que, al menos, 100 niños mexicanos caen mensualmente en poder de las redes de explotación sexual, mientras la edad de los menores utilizados en la producción de material pornográfico se redujo hasta un rango de uno a cuatro años.

Hoy la situación es peor y prueba del fracaso de las políticas gubernamentales para proteger a la infancia.