Xalapa, Ver.

A cinco meses de que concluya su mandato, el gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa solicitó al Congreso local enajenar a título gratuito Casa Veracruz, incluidos los bienes que en ella se encuentren, y dos predios en favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito.

Ricardo Ahued Bardahuil, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a la comisión de hacienda que valore la solicitud de Duarte de Ochoa, porque podría generar un problema al ayuntamiento de Xalapa.

Ni Casa Veracruz, ni los otros dos predios ni la zona en que se encuentran tienen estacionamientos para convertirlos en oficinas públicas y, en lugar de beneficiar a la zona, es muy peligroso.

Ahued agregó que establecer en esos sitios las oficinas de los órganos mencionados generaría un aforo de más de 200 personas y sus vehículos. La colonia no aguantaría esa donación.

Julen Rementería del Puerto, diputado del Partido Acción Nacional, exhortó a los órganos desconcentrados que resultarían beneficiados a que no se presten al juego y no acepten este desmantelamiento (de los bienes del estado), este regalo que hace el gobernador con dinero de todos los veracruzanos.

Duarte de Ochoa también envió una iniciativa para pagar adeudos a proveedores y contratistas con el dinero recaudado mediante el impuesto de 3 por ciento sobre nóminas, gravamen supuestamente creado para realizar obras.

La iniciativa incluye crear dos fideicomisos, uno para abrir una cuenta bancaria que concentre los recursos del impuesto, los administre y los transfiera al segundo fideicomiso, cuyo fin sería pagar a los acreedores.

Para observar el manejo de estos recursos se propone la creación de un comité técnico del fideicomiso irrevocable de pago a proveedores y contratistas para el saneamiento financiero del estado, integrado por el titular de la Contraloría General del estado, los secretarios de Finanzas, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico y de Infraestructura y Obra Pública, así como por representantes de cámaras empresariales.

Versiones extraoficiales indican que el gobierno de Javier Duarte adeuda a proveedores 12 mil millones de pesos y recibe al año entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos por el impuesto sobre nóminas.

A finales de 2015, el Congreso local le autorizó solicitar créditos hasta por 15 mil millones de pesos y dejar en garantía la recaudación generada por el gravamen.

El gobernador envió otra iniciativa que plantea modificaciones a la ley 364 del servicio civil de Veracruz, para emprender la basificación masiva de trabajadores al servicio del estado, desde el rango de directores hacia abajo.

Se calcula que alrededor de 5 mil trabajadores del gobierno del estado y empresas paraestatales podrían obtener plazas.

Los partidos de oposición cuestionaron ambas iniciativas por el daño que causarán a las de por sí mermadas finanzas estatales.