Los 6 mil 500 millones de pesos del recorte presupuestal que se aplicarán al Seguro Popular por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dadas el pasado viernes, se tomarán del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Ello se suma a los ajustes de 2014 y 2015, por 10 mil millones de pesos, también de ese fondo, y del Seguro Médico Siglo XXI. Ambos forman parte del Seguro Popular.

Ahora, el recorte significa posponer el financiamiento para la atención de algunas enfermedades de alto costo y la adquisición de equipos médicos. Para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud es posible diferir algunas obligaciones, pero no dejar de pagar los servicios médicos. Esto está garantizado con la asignación económica para cada afiliado, la cual asciende a 3 mil 32 pesos al año.

De cualquier manera, en la comisión continúa el análisis sobre las alternativas para mitigar el efecto del ajuste, pues de este organismo depende el pago de la atención que otorgan los servicios estatales de salud.

Aunque las transferencias económicas están garantizadas, en las entidades existen dificultades y carencias, según han denunciado trabajadores del sector en Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas y al menos otros 15 estados que la semana pasada salieron a las calles a protestar por las carencias que enfrentan.

Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de garantizar la prevención, detección, control y/o cura de las enfermedades cubiertas por el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Con la entrega de facturas e informes que deben hacer llegar a la comisión, periódicamente reciben los recursos económicos que necesitan para el pago de salarios del personal médico y la prestación de servicios básicos y de alta especialidad.

Para la compra de medicamentos existe desde el año pasado un mecanismo mediante el cual la Tesorería de la Federación controla el uso del dinero equivalente a 30 por ciento de las asignaciones.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos actualmente cubre los costos que se deriven de 60 intervenciones para nueve grupos de enfermedades de alto costo, entre otras, los tumores malignos en niños y menores de 18 años de edad, el cáncer cérvico uterino y de mama en las mujeres y de próstata en los hombres.

Para este año tenía una asignación de más de 16 mil millones de pesos, pero sólo se quedará con 10 mil millones. Con estos recursos también se pagan las atenciones de infartos al miocardio en menores de 60 años de edad, el VIH/sida, los servicios de unidades de cuidados intensivos neonatales y los trasplantes de riñón en menores de 18 años. Recientemente se incorporaron la hepatitis C y los cánceres de ovario y colorrectal.

Desde la puesta en marcha del Seguro Popular, el 1º de enero de 2004, la finalidad era aumentar progresivamente la cobertura del fondo, lo que ha ocurrido lentamente y siempre con base en estudios clínicos y actuariales que determinan la viabilidad de agregar nuevos padecimientos por la cantidad de personas afectadas, las posibilidades de curación y la disponibilidad económica.

Con base en esos estudios se ha determinado, por ejemplo, la imposibilidad de pagar los tratamientos sustitutivos de diálisis y hemodiálisis para los afiliados con insuficiencia renal crónica. En diversas ocasiones, el titular de la comisión ha señalado que por el alto costo de las terapias se requeriría disponer de la totalidad de los recursos del fondo.