Brasilia.

Tres de los últimos testigos de la defensa de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff coincidieron en descalificar las acusaciones en su contra por presunta violación de la ley de responsabilidad fiscal, al comparecer en el proceso de impeachment (juicio político) que sigue una comisión del Senado, informaron medios de prensa locales.

El ex ministro de Defensa, Aldo Rebelo; el ex titular de la Abogacía General de la Unión, Luis Inácio Adams, y la ex funcionaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, María Fernanda Ramos Coeho, al comparecer por separado rechazaron las acusaciones contra Rousseff por la emisión de tres decretos suplementarios y las llamadas pedaleadas fiscales, que un peritaje realizado por auditores del propio Senado demostró que no fueron practicadas por la mandataria de izquierda.

El ex ministro Rebelo negó la existencia de irregularidades en los decretos emitidos por Rousseff y aclaró que tampoco recibió nunca una alerta en ese sentido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Rebelo recordó que sus seis mandatos en la Cámara de Diputados le permitieron estar durante el impeachment del ex presidente Fernando Collor, ver los momentos difíciles por los que atravesó el gobierno de Henrique Cardoso, y nada acredita, dijo, que Dilma Rousseff haya cometido algún acto que pueda considerarse crimen de responsabilidad.

A su vez, Adams reiteró que, contrario a lo que sostiene la acusación, la edición de créditos de suplementación presupuestaria no tiene impacto alguno en el cumplimiento de la meta fiscal del país.

Con relación a las llamadas pedaleadas fiscales, presuntamente realizadas para cubrir los atrasos en los pagos de subsidios de bancos públicos al Plan Zafra, la especialista María Fernanda Ramos Coelho sostuvo que las subvenciones del mismo no pueden ser consideradas operaciones de crédito.

Según los peritos del Senado, la demora en los pagos generó intereses que fueron pagados por el gobierno federal, configurando así una operación de crédito.

No hubo pago de intereses, sino una actualización monetaria, que son cosas bien distintas, subrayó la ex secretaria ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Agrario.

La Comisión Procesal de la cámara alta aún tenía pendiente escuchar los testimonios de otros cuatro funcionarios. Al cierre de esta edición no había reportes sobre esas comparecencias.

Luego de otros procedimientos, el veredicto del juicio político contra Rousseff se conocerá después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, publicó el diario O Globo.

Al citar a asesores del jefe del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien presidirá el juicio en el Senado, el diario dijo que se espera un fallo definitivo a partir del 26 de agosto, cinco días después del final de los juegos.

En tanto, dos amigas de Rou-sseff –Guiomar Silva López, médica de 72 años, y María Celeste Martinez,de 74– quienes lucharon contra la dictadura en los años 70, lanzaron este miércoles un proyecto de crowdfunding para financiar la campaña de la ahora suspendida presidenta de Brasil contra su destitución, ante las restricciones financieras que le impuso el presidente interino Michel Temer.

El Tribunal Supremo Federal ordenó liberar a Paulo Bernardo –ministro con Luiz Inacio Lula da Silva y con Rousseff–, quien había sido detenido la semana pasada acusado de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato. El magistrado Dias Toffoli revocó la decisión al no encontrarse el equivalente a 2 millones de dólares que presuntamente habría desviado y por no existir riesgo de fuga.

Temer abre los cielos a extranjeros

Por otra parte, el presidente interino Michel Temer anunció que vetará una propuesta para poner fin al límite de la participación extranjera en las compañías aéreas locales.

También dispuso un alza de 12.5 por ciento al subsidio que reciben las familias más pobres a través del programa de asistencia social Bolsa Familia, insignia de los gobiernos de Rousseff y su antecesor Lula da Silva.

Las medidas se conocieron dos días después que una encuesta del Instituto Iposo reveló que Temer, antiguo aliado de Rousseff, es rechazado por 70 por ciento de sus compatriotas.