Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados mantienen congelada la minuta del Senado con la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, con la cual se busca darle el carácter de imprescriptibilidad a ese delito, y castigar a cualquier funcionario público que lo ordene o lo cometa.

Al respecto, senadores de PAN y PRD pidieron a los diputados que den prioridad a la minuta que les remitieron a finales de abril, ya que se trata de un instrumento importante para detener esa práctica ilegal.

Los diputados Víctor Sánchez (Movimiento Ciudadano) y Roberto Alejandro Cañedo (Morena) señalaron que las comisiones a las cuales se turnó la minuta desde el pasado 29 de abril no han sido citadas, cuando su obligación, de acuerdo con el reglamento, es sesionar cada 30 días.

Sánchez indicó, después de conocer el reporte de Amnistía Internacional sobre la tortura contra mujeres, que si bien se crean fiscalías especializadas en la Procuraduría General la República (PGR) y en las procuradurías estatales, debe revisarse la minuta para que el perfil de sus titulares sea independiente, sobre todo en los estados, para evitar una intervención indebida de los gobernadores.

El legislador, integrante de la Comisión de Justicia, refirió que mientras las fiscalías no tengan autonomía, la práctica de la tortura continuará sin sanción, porque este delito no sólo se comete desde las fuerzas policiacas, sino en los agentes investigadores y por parte de los ministerios públicos.

Añadió que la recurrencia de la tortura como método para obtener confesiones también será contenida con el nuevos sistema de justicia penal, porque si se detectan tratos crueles o inhumanos o se acredita incomunicación, automáticamente se dejará de aceptar como prueba.

Cañedo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que a pesar del aumento de casos de tortura, esa instancia no ha sido ciada para abordar la minuta del Senado, a pesar de que existe la obligación constitucional para legislar.

Práctica sistemática

El gobierno mexicano ha optado por no aprobar esta nueva ley, porque sabe que la tortura es práctica común y sistemática entre las fuerzas armadas, de seguridad pública y procuración de justicia, para suplir la falta de investigación, dijo.

En el Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks consideró importante que la Cámara de Diputados lleve el tema al próximo periodo extraordinario del 5 de julio, pero la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, recalcó que en San Lázaro han pedido más tiempo para analizar la minuta.

Agregó que espera que la Cámara de Diputados apruebe en las primeras semanas de septiembre esa la ley antitortura, para que de una vez por todas el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en esta materia y deje de ser exhibido en el ámbito internacional como un país donde la tortura goza de impunidad y se ensaña con las mujeres”.

Precisó que así lo demuestra el informe Sobreviviendo a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, presentado por AI, aunque, aclaró, no es la primera denuncia de que ese delito cometido contra las mujeres es una práctica habitual en nuestro país.

No podemos olvidar que hace 10 años en localidades de Texcoco y San Salvador Atenco 27 mujeres fueron víctimas de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales durante los operativos implementados durante las manifestaciones en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, recordó.

(Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas)