El próximo miércoles la Comisión Permanente fijará la fecha del periodo extraordinario en que se votarán las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se integraron parte de las disposiciones de la llamada ley 3 de 3.

Fernando Herrera y Miguel Barbosa, coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, consideraron que ese periodo extraordinario puede llevarse a cabo de inmediato, pero PRI y PVEM plantean que lo mejor es que se celebre en los primeros días de julio, a fin de dar oportunidad de revisar con la cúpula empresarial posibles modificaciones al ar­tículo 32.

De esa disposición, el Ejecutivo federal propone eliminar por completo la obligación de los empresarios de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.

El coordinador Barbosa reveló que su bancada pidió ya el apoyo de expertos en materia constitucional, ya que no está claro en la Carta Magna si es posible modificar ese artículo 32 en lugar de sólo suprimir las partes en que se alude a que las personas físicas y morales, al igual que los servidores públicos, deben presentar declaraciones de sus bienes y de posible conflicto de interés.

Detalló que los perredistas hablaron ya con algunos expertos y consultarán a otros para de­finir si la única opción es aprobar o rechazar las observaciones de Peña Nieto o se puede llegar a una nueva redacción. Reconoció que los incisos B y C de ese ar­tículo tienen vicios de inconstitucionalidad, por lo que lo idóneo sería encontrar el fundamento para poder debatir una nueva redacción, sin ningún afán revanchista contra la cúpula patronal.

Es decir, recalcó, dejar claro que no tendrán obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses las personas físicas y morales que reciben recursos públicos con fines académicos, médicos, culturales, de investigación o sociales, pero mantenerla en el caso de los empresarios que celebran contratos con el gobierno con fines mercantiles y a partir de montos altos.

Esa decisión la deben tomar a más tardar el martes, a fin de poder decidir cuándo se debe convocar al periodo extraordinario.

El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero (PVEM), quien llevó la negociación de las siete leyes en la materia, consideró que sí puede modificarse la redacción del artículo 32, previas consultas con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

A su juicio, aún es posible lograr que los integrantes de la iniciativa privada queden dentro del sistema nacional anticorrupción, con una redacción adecuada del citado artículo.

Aún más descafeinada

Por separado, el senador Luis Humberto Fernández (PRD) resaltó que si se aprueba en sus términos el veto de Peña Nieto, la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción quedará aún más descafeinada.

“Ya teníamos una reforma que limitó la iniciativa ciudadana 3 d 3, cuando PRI y PVEM eximieron a los funcionarios, legisladores e integrantes del Poder Judicial, de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal y ahora quedará más pequeña aún, al quitar la responsabilidad de presentar por lo menos las declaraciones, a una parte importante del problema de corrupción que se vive en el país.

A su juicio, debería por lo menos quedar en ese artículo 32 la obligación de los empresarios de presentar declaración de intereses. No estamos hablando de los empresarios serios y decentes, a quienes respetamos, sino de aquellos que surgen por generación espontánea cada sexenio y hacen verdaderas fortunas trillonarias en un lapso de dos o tres años, al amparo del poder.