La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal supone un gran avance en el respeto a los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y proteger los derechos de las víctimas.

Pidió a las autoridades garantizar una rápida consolidación y correcta aplicación de la reforma en todo el país para una protección efectiva del derecho a la integridad de todas las personas y al combate de este flagelo.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, sostuvo que el sistema de justicia penal debe aplicarse bajo los estándares internacionales de derechos humanos, y de una investigación rigurosa de este tipo de crímenes, así como sanción a los responsables.

Aseguró que el éxito dependerá, entre otros factores, de que se superen las limitaciones de los servicios periciales y forenses en el país.

La documentación de la tortura y otros malos tratos, y la consiguiente salvaguarda de los derechos de las víctimas requiere de la intervención de peritos profesionales, independientes e imparciales. En este sentido, la ONU-DH alienta nuevamente a las autoridades a crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses, subrayó.

Resaltó que los esfuerzos legislativos contra la tortura deben complementarse con la aprobación de la ley general en la materia, cuya adopción y, sobre todo, efectiva implementación ha sido reclamada por las víctimas, la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, afirmó que la exclusión de pruebas como las obtenidas bajo tortura es un acto de justicia para las víctimas.