Colima, Col.

Compras con sobreprecios, proveedores y miembros del gabinete envueltos en conflictos de interés y contrataciones con empresas fantasmas –de nueva creación, sin domicilio fiscal o sin capacidad financiera–, son algunas irregularidades detectadas por la consultora Price Waters House Coopers (PWC) en la auditoría que hizo a los ejercicios fiscales 2014 y 2015 de la administración del entonces gobernador priísta Mario Anguiano Moreno.

En la revisión contable dada a conocer por el gobierno del también priísta Ignacio Peralta, se encontraron irregularidades en transferencias bancarias y licitaciones, y una parte del crédito por 500 millones de pesos que el gobierno de Anguiano contrató con Banca Interacciones en 2015 (motivo de sanciones por el Congreso del estado) se utilizó ilegalmente para gasto corriente.

En el documento de 121 páginas, divulgado en la página web de la Contraloría del gobierno del estado, se detallan los movimientos financieros de 2014, 2015 y el periodo en el que Ramón Pérez Díaz fue mandatario interino.

En 2015, el gobierno contrató un crédito con Banca Interacciones por 500 millones de pesos que se usó para pagar otro adquirido con Capital Leasing por 478 millones 250 mil pesos, los cuales se usaron para pagar nómina. Según la auditoría, los movimientos fueron realizados por una persona que no estaba activo en nómina.

Ignoran en qué se gastaron 40 mdp

Otra anomalía detectada fue una transferencia de 40 millones de pesos de Banorte que el gobierno del estado no pudo comprobar en qué se gastó.

Se pagaron dos millones de pesos a un trabajador que estuvo activo de enero a junio de 2015, en la Secretaría de Seguridad Pública, pero no se pudo identificar quién fue el beneficiario y si el pago corresponde a operaciones normales de la administración estatal.

En el rubro de obra pública, el gobierno de Anguiano asignó contratos por 81 millones de pesos a empresas cuyos dueños eran servidores públicos, así como a proveedores con incapacidad financiera, domicilio inexistente o con giro diferente al servicio contratado.

Mario Anguiano Moreno, ex gobernador de Colima, durante una conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizada en la Secretaría de Economía, en la Ciudad de México, en enero de 2011Foto de archivo Cuartoscuro

En la revisión contable se identificó que el entonces secretario de Fomento Económico Rafael Gutiérrez Villalobos, era proveedor del gobierno y suministró artículos de limpieza por un millón 214 mil pesos, según el contrato SFA/006-2015/DGAA/CDN.

Otro conflicto de intereses detectado en la auditoría que hizo PWC fue que el hijo del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, Carlos Cruz, fue beneficiario de tres obras por casi 15 millones de pesos, pese a no contar con suficiencia financiera y a diversas irregularidades en los concursos de obra.

En otras licitaciones se comprobó incapacidad financiera de las empresas ganadoras; incluso, se encontraron compañías fantasmas pues no hay registro del domicilio fiscal de las concursantes, como la licitación pública estatal SFA/28-2014/DGAA/DCN para la compra de material de curación de los centros penitenciarios de Colima, por 9 millones 941 mil pesos.

También durante 2014, en la Secretaría de Seguridad Pública, se compraron llantas por 264 mil 599 pesos, con sobreprecio de 79 mil 344 pesos. Según una cotización de PWC con el mismo proveedor se constató que eran menores a los registrados en los contratos del gobierno del estado.

Asimismo la Secretaría de Finanzas pagó 5 millones 200 mil pesos a una empresa de energía renovable para un proyecto de desarrollo web, pero la compañía no cumplía con el giro comercial para participar en la licitación.

La Secretaría de Administración y Gestión Pública compraba a precios inflados, en relación con las cotizaciones del mercado, alimentos de la canasta básica como atún, huevo, tortillas de harina y jugos. Por ejemplo, en el contrato SFA/46-2014/DGAA/DCN firmado por 571 mil 652 pesos, a la lata de atún se le asignó un precio unitario de 15 pesos, cuando según cotizaciones en el mercado estaba en 11 pesos.

Para el desarrollo de sistemas informáticos, el Instituto de Registro del Territorio adjudicó un contrato por 8 millones 359 mil 491 pesos a una compañía con domicilio no ubicado, y según PWC “no se tiene certeza de que el proveedor esté formalmente constituido.