Querétaro, Qro.

La violencia suscitada el domingo pasado en Nochixtlán, Oa­xaca, permite intuir que se usó excesivamente la fuerza, porque resulta sospechoso que existan bajas de civiles, pero no de integrantes de la fuerza pública, y cuando derivado de esa acción se priva de la vida a alguien se llama ejecución arbitraria, consideró Santiago Corcuera Cabezut, vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Al participar en el seminario internacional Soy defensor de derechos humanos, señaló que si bien desconoce las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre lo suscitado el pasado domingo en la localidad oaxaqueña, indicó que es sospechoso.

A título personal, el funcionario comentó que la autoridad tiene la facultad de usar legítimamente la fuerza pública para desalojar a alguien que está ocasionando alguna obstrucción al tráfico vehicular o vías carreteras, pero ese uso no debe ser excesivo, sino proporcional a la resistencia que realice el señalado o acusado.

Explicó que si hay resistencia de la acusada o señalada, la autoridad puede someterla, pero ya no la puede tocar o golpear porque sería tortura; si durante ese sometimiento hay disparos, la autoridad tiene que demostrar que hubo uso de armas, y si durante el enfrentamiento o forcejeo alguien pierde la vida, eso ya sería una ejecución arbitraria, que es peor a un asesinato, porque es a manos de la autoridad.

En el auditorio de la universidad Mondragón-Uco, Corcuera Cabezut indicó que privar de la vida a alguien en esas condiciones es una de las más grandes violaciones de los derechos humanos categorizados por el derecho internacional.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez, indicó que ante lo sucedido en Nochixtlán es urgente que se discuta qué deben contener las leyes sobre el uso de la fuerza pública para que quede claro sobre qué puede y deben hacer las autoridades ante hechos similares.