l afán de ocultar el origen de sus fortunas no es preocupación exclusiva de funcionarios públicos y legisladores de Rusia –el caso de México es de suyo elocuente–, pero los diputados de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso que este viernes concluyó labores en la actual legislatura, pasarán a la historia como auténticos innovadores en el arte de lavarse las manos, gracias al resquicio de impunidad que les deja una ley aprobada… por ellos mismos.

Desde 2009, en lo que entonces se destacó como un encomiable gesto en favor de la transparencia, los cónyuges de los diputados rusos también tienen la obligación de presentar cada año declaraciones patrimoniales.

Siete años más tarde, a juzgar por los documentos hechos del dominio público, la mayoría de los diputados salientes –a todo efecto legal– son más pobres que los millones de rusos que sobreviven por debajo del nivel oficial de miseria, pues dicen no tener nada.

Sin embargo, hay evidencias de que muchos de ellos disfrutan de viviendas de lujo, residencias en el extranjero, automóviles selectos, yates en embarcaderos del Mediterráneo o el Caribe y demás atributos de opulencia o, para decirlo sin ambages, de riqueza inexplicable.

¿Cómo lo consiguen? Es obvio: se escudan en el divorcio ficticio –disolución formal del matrimonio, aunque sigan compartiendo cama, perdón, hogar y educación de los vástagos, además de cuentas bancarias y propiedades–, situación en que se encuentra uno de cada cuatro de los diputados salientes, es decir, 102 legisladores se divorciaron en los cinco años recientes frente a los siete que pusieron fin a su alianza matrimonial en la anterior legislatura.

Al margen de la estadística del extraño fracaso conyugal, lo importante para estos diputados –que siempre votan como el Ejecutivo marca, de acuerdo con la mayoría constitucional de dos tercios de la Duma, suerte de simulación de labor parlamentaria– es que nada que pudiera poner en entredicho su honestidad es propiedad suya, porque todo está a nombre de sus ex esposas.

Y eso ocurre cuando los legisladores tienen hijos menores de edad, ya que cuando los herederos cumplen 18 años pueden de inmediato convertirse en nuevos magnates y, en estricto apego a la ley, se acaban los problemas de los padres en términos de justificación de una fortuna que aseguran no les pertenece.

Hasta Irina Yarovaya, presidenta del Comité de Lucha contra la Corrupción, se divorció. Y cuando la prensa exhibió que a pesar de ello sigue viviendo en un departamento que vale siete veces más de los ingresos anuales que declaró, no dudó en admitir que es cierto, pero explicó que la propiedad es de su hija, aunque la niña apenas cumplió la mayoría de edad. Todo legal, pues.

El legislador que reveló estas aberraciones, el comunista Vadim Soloviov, propuso en la Duma incluir en la obligación de presentar declaraciones patrimoniales no sólo a los ex cónyuges, sino también a los padres y a otros familiares cercanos. El resultado: sus colegas casi lo linchan.