n tan solo un mes, el gobierno federal ha visto crecer en su contra una insurgencia social inesperada. Se inició con un revés electoral a lo largo y ancho del país, que por lo pronto dejó a su partido sin cabeza y a varios gobernadores en la antesala de la cárcel. Siguió con movilizaciones magisteriales crecientes, no sólo organizadas por la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), sino por otros contingentes de maestros, estudiantes y ciudadanos; de médicos y enfermeras en 60 ciudades del país; de trabajadores del campo hartos porque no ven lo duro, sino lo tupido; de empresarios que al igual que los obreros, optaron por tomar el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para protestar en contra de la medicina que ellos habían recetado para otros.

Estos movimientos tan inesperados acreditan que el gobierno de Peña Nieto no tuvo la capacidad de predecirlos y exhiben su gran resistencia para atender las demandas de la población. Además, las recetas políticas tradicionales no han funcionado igual que antes, las tarjetas y despensas siguen siendo eficientes para obtener votos, pero no los suficientes. La represión a los maestros se salió de control, provocando pérdida de vidas, el cálculo de que el conflicto se reduciría a cuatro estados, falló. El norte, supuestamente controlado, hace valer su voz en las calles; los médicos y enfermeras, a pesar de su heroica profesión, jamás han sido escuchados, pero no se pensó que se movilizarían. Con los empresarios las cosas son distintas; lo que nadie, lograron revertir una ley, para que quede claro que los patos no le tiran a las escopetas.

Si bien las causas de tantas inconformidades derivan de políticas gubernamentales que se han alejado de los intereses populares, un renglón que sobresale es la ausencia de mecanismos institucionales de diálogo y concertación con la sociedad. Sólo cuando acaece una desgracia y se calculan costos políticos mayores, se responden los reclamos.

Vayamos al caso de la reforma educativa, anunciada hace cuatro años como la gran transformación que colocaría a nuestro país en la cima del mundo. Para justificarla, se destacó la existencia de múltiples vicios, algunos ciertos, como la intervención del sindicato nacional en procesos ajenos a su quehacer gremial o las deficiencias formativas y tecnológicas y los bajos resultados en algunas regiones; sin embargo, cuando se esperaba que la ley reglamentaria respondería al nuevo paradigma educativo y que se evaluara, como señala la educadora Cecilia Madero, en primer término, al sistema educativo nacional, el gobierno, sin escuchar a los maestros y con los mecanismos tradicionales de subordinación, impuso la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ésta exhibió que el problema educativo en México era esencialmente de corte laboral, haciendo causa común con el grupo empresarial Ciudadanos Primero, que de manera superficial e irresponsable, culpa a los maestros de todos los males. Basta echarle un vistazo a esta ley para confirmar su carácter inquisitivo y unilateral, en la que el despido se convierte en su componente central.

Un segundo momento se ubica cuando el gobierno anuncia que la evaluación constituye un elemento fundamental de su política. La evaluación es, sin duda, importante y necesaria en cualquier proceso en su etapa terminal; sin embargo, ha sido un error convertirla en un fin en sí mismo, soslayando las condiciones previas para que los conocimientos, habilidades y desempeño logren los objetivos deseados. Nuevamente, el gobierno ignora las propuestas de los maestros y de los especialistas independientes que compartían el objetivo de una auténtica mejora educativa. Al convertir la evaluación en un eslogan o una veta política, redujo su valor como parte integrante de ese modelo.

En un tercer momento el gobierno decide vincular la reforma educativa a la promoción de un precandidato presidencial alternativo a aquellos que habían perdido prestigio por escándalos de corrupción. De esta manera, Aurelio Nuño, calculando mal la fuerza de sus supuestos adversarios, optó por la mano dura, pues según esto, ello le daría grandes dividendos políticos, por lo que se esperó que concluyera la jornada electoral del pasado 5 de junio para propinar a los líderes de la CNTE un golpe espectacular que desde un principio dio signos de fracaso, puesto que reprodujo el viejo recurso de la justicia selectiva, con acusaciones ridículas y altamente sofisticadas que con el tiempo seguramente serán desvirtuadas.

La desgracia de Nochixtlán, Oaxaca, así como la convicción de que la represión selectiva no dio signos de amedrentamiento a los maestros y, por el contrario, concitó un incremento de la solidaridad en su favor, obligó al gobierno a sentarse cara a cara con ellos en la Secretaría de Gobernación. El precandidato que esbozó la consigna de todo o nada quedó fuera.

Esta mesa de diálogo puede ayudar a que las aguas regresen en lo posible a su cauce; es obvio que cualquier acuerdo deberá incluir la liberación de los presos políticos y la revisión de la reforma; como afirmara un prestigiado grupo de investigadores del sector educativo, Manuel Gil Antón, entre ellos: No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los cambios, por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana.

Mañana domingo tendremos oportunidad de contribuir a que se dé una auténtica reforma educativa y apoyar a los maestros que la harán posible. La cita es en el Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. Convoca Morena.

PD. A don Víctor Quiroga Juárez, quien fue obrero del calzado en León, Guanajuato, dirigente nacional del Frente Auténtico del Trabajo, pero sobre todo, ejemplo de dignidad y acción militante en favor de los trabajadores.