La titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres), Teresa Incháustegui Romero, solicitó a la Asamblea Legislativa (ALDF) trabajar en una iniciativa la cual garantice que puedan mantener sus empleos las víctimas que denuncien acoso o abuso sexual en sus centros laborales.

Al participar en el foro Prevención del delito de acoso y abuso sexual contra mujeres en el ámbito laboral, la funcionaria capitalina consideró además que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) debe contar con un área especial exclusivamente dedicada a atender este tipo de casos.

Incháustegui afirmó que la lucha de este sector de la población para ganar derechos ha sido larga y si bien no existen datos precisos a escala local sobre los problemas de abuso y acoso en los centros de trabajo en contra de mujeres, puesto que la mayoría de las encuestas que se han realizado están enfocadas a la relación de pareja y más recientemente a los servicios de transporte público, comentó que quienes más padecen ese tipo de situaciones son aquellas que viven en unión libre o que son divorciadas.

Según datos de Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un año se presentan alrededor de 26 mil casos de hostigamiento sexual en las 258 dependencias del gobierno federal, y se calcula que sólo tres de cada 10 víctimas denuncian.

En el foro, organizado por la diputada de Morena, Ana Juana Ángeles Valencia, el quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Horacio Toledo Martínez, señaló que hay mucha reticencia de las autoridades a la intervención del organismo para investigar denuncias por estos tipos de acoso.

Recordó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 facultó a los organismos de defensa de las garantías individuales a conocer de violaciones en materia laboral y desde 2012 existe el área a su cargo especializada en atenderlos.