a insurgencia cívica de las y los chihuahuenses tiene desquiciado al gobernador César Duarte. El 5 de junio le mostró contundentemente su rechazo derrotándolo de manera estrepitosa en las urnas. Y desde entonces se ha manifestado vigorosa, indomable, en torno a los múltiples problemas y agravios que aquejan a la población norteña.
Han sido 20 largos días de agravios y de revueltas. El día siguiente de las elecciones la gasolina empezó a escasear en todo el estado, salvo en Ciudad Juárez. Ni Pemex ni mucho menos el gobernador han solucionado el problema, ni siquiera dado una explicación convincente. Los automovilistas tienen que esperar horas y horas bajo un calor de 38 o 40 grados para poder cargar combustible; las largas filas bloquean vialidades provocando más molestias; no hay diésel para el transporte público y los usuarios del mismo llegan tarde a sus trabajos.
Las multitudes, indignadas ante la escasez de unidades de transporte urbano, han tomado las pocas que encuentran para obligarlas a que los lleven a su destino. El agua falta en muchas colonias populares en una temporada en que la canícula se deja caer fuerte sobre esta tierra calcinada.
Sobrecargan la ira ciudadana la intentona del PRI y de Duarte de impugnar la elección a la gubernatura y votar en el Congreso un nuevo endeudamiento del gobierno del estado, que no tiene ni para pagar la próxima nómina, y que ponga una espada de Damocles sobre el nuevo gobierno democráticamente electo.
En este contexto airado, Unión Ciudadana convocó a una manifestación frente al palacio de gobierno el pasado miércoles. Acudieron cientos de personas, quienes no dejaron de increpar a Duarte y demandar su renuncia ya. El ambiente fue aprovechado por infiltrados del gobierno: miembros de Antorcha Campesina, policías embozados, seccionales del PRI, transportados y dirigidos por la fiscalía del estado. Agredieron a reporteros de Televisa y luego arremetieron contra la puerta y las ventanas del palacio de gobierno. La indignación hizo que algunos de los manifestantes se contagiaran y también participaran en los ataques al edificio oficial. La policía permaneció impasible mientras los atacantes son los individuos pagados por el gobierno, pero luego se lanza indiscriminadamente contra los manifestantes, sobre todo contra los jóvenes, los golpea, detiene a más de 100, los encierra, los incomunica durante horas. Al momento de cerrar este artículo había 22 mayores de edad y dos menores consignados por diversas causas.
La fiscalía fabrica delitos contra todos ellos y contra varios de los dirigentes que trataron de llamar a la calma durante la manifestación: se les acusa de sedición, daños, lesiones, asociación delictuosa. Entre ellos están el joven dirigente de Morena, Marcelino Gómez, y el ex candidato del mismo partido a la alcaldía de Chihuahua, Jaime García Chávez, el derecho-humanista Gabino Gómez y el que esto escribe.
Horas después, en la marcha de protesta por la represión contra los maestros de todo el país, son detenidos cuatro mentores sin ninguna justificación, y son liberados luego por falta de pruebas.
Tanto el PRI como César Duarte han tratado de involucrar al gobernador electo, Javier Corral, en los hechos de violencia, cuando nada tuvo que ver. Utilizan la descalificación de quien los venció incontestablemente en las elecciones para distraer la atención de la ciudadanía. El gobernador saliente participa en medios de difusión nacionales y paga gacetillas disfrazadas de notas periodísticas para denostar a Corral y a los dirigentes sociales que lo han cuestionado. Cuando se le inquiere sobre su maniobra para apoderarse de la mayoría de las acciones del Banco Progreso, niega con todo cinismo la existencia misma del banco. Proclama que son acciones como la del pasado miércoles las que interrumpen la paz en Chihuahua, cuando en su sexenio ha predominado la paz basada en la entrega del territorio a los cárteles, en el maquillaje de cifras de la delictividad, en la tolerancia del gobierno a los desplazamientos de comunidades serranas enteras por el crimen organizado. Ahora sí, Duarte da la cara para tratar de cobrar su venganza, cuando no la dio para reconocer los resultados electorales ni para explicar el desabasto de gasolina, ni nada.
Chihuahua no es Oaxaca, pero en uno y otro estados se revela la grave descomposición que padece el régimen. Tanto la actitud impositiva del secretario de Educación, Aurelio Nuño, y de las autoridades y policías que lo secundan, como las falsedades y la represión ordenadas por César Duarte remiten a la matriz corrupta y autoritaria que (des)ordena las acciones lo mismo de Enrique Peña Nieto que de sus gobernadores que ya ha entrado en plena crisis.
Pero el tiempo de estos canallas puede llegar a su fin, porque el tiempo de las insurgencias despunta por todos lados. No sólo en Oaxaca, no sólo en Chihuahua. Por todos lados.
