La Habana.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jimenez o Timochenko, firmaron este jueves aquí un histórico acuerdo para el cese bilateral y definitivo del fuego, la desmovilización y la dejación de armas de los rebeldes, tres pasos previos para terminar un conflicto armado que lleva más de medio siglo.

Santos y Timochenko escucharon la lectura de los documentos en los que se establece que más de 7 mil insurgentes dejarán las armas y se desmovilizarán una vez que se suscriba el acuerdo final de paz.

Hoy es un día histórico para nuestro país después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor. Hemos puesto punto final al conflicto armado con las FARC, señaló el mandatario, de 64 años. Puntualizó que el pacto alcanzado “significa ni más ni menos el fin de las FARC como grupo armado.

Nos llegó la hora de vivir sin guerra, de vivir en un país con paz, de vivir en un país con esperanzas, añadió Santos, quien señaló que los colombianos se acostumbraron a vivir en conflicto por más de 50 años y ya no tenemos referencia, ni siquiera recuerdos, de lo que es la paz.

Adelantó que el acuerdo final se firmará en Colombia. “Hoy quiero agradecer a Cuba y al presidente Raúl Castro, nuestro generoso anfitrión.

Que este sea el último día de guerra, señaló a su vez Timochenko. Necesitamos que nuestro país viva una reconciliación definitiva, apuntó el comandante insurgente, y subrayó: siempre creímos que la paz era posible y tuvimos razón. Destacó que luego de entregar las armas y reincorporarse a la vida civil harán política, porque esa es nuestra razón de ser.

Timochenko, de 57 años, negó que ésta sea una capitulación de la insurgencia, sino el resultado de un diálogo, y sin que ninguna de las fuerzas enfrentadas pudiera derrotar a la otra. Ahora, confió, está más cerca el acuerdo final que pondrá término al conflicto y dará inicio a una paz definitiva y duradera.

El acuerdo fue refrendado por Humberto de la Calle, jefe negociador gubernamental, y por el jefe negociador rebelde Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez.

El proceso de paz no tiene vuelta atrás, dijo el presidente de Cuba, Raúl Castro. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América.

Cuba es uno de los países garantes del proceso junto con Noruega, representado por el canciller Borge Brende. Por los países coadyuvantes asistieron los presidentes venezolano, Nicolás Maduro, y la chilena, Michelle Bachelet.

Asimismo, atestiguaron el acto el secretario general de Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon, y los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de República Dominicana, Danilo Medina, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, así como los enviados de Estados Unidos, Bernie Aronson, y la Unión Europea, Eamon Gilmore.

Además, hubo felicitaciones de Francia, países latinoamericanos, la Organización de Estados Americanos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

A continuación, los principales puntos del acuerdo sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas:

–Las armas se entregarán a observadores no armados de la ONU y el proceso será verificado por una instancia de monitoreo encargada de resolver conflictos, presentar recomendaciones y reportes, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), delegados de las FARC y el gobierno colombiano.

–Elaborar una hoja de ruta para que a más tardar en 180 días, luego de la firma del acuerdo final, los rebeldes hayan entregado las armas a la ONU como parte de su transición a la vida política.

–El gobierno colombiano y las FARC se comprometieron a contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política.

–Establece los procedimientos para que el grupo rebelde se concentre en 23 zonas transitorias y ocho campamentos como parte de su reincorporación a la vida civil.

–Las zonas son territoriales y contarán con equipos de supervisión. Las zonas no podrán ser utilizadas para manifestaciones de carácter político.

–En los campamentos creados no podrá ingresar la población civil en ningún momento. Las salidas de los combatientes de las FARC de los campamentos se hará sin armas y vestidos de civil.

–El gobierno nacional, a través de la fuerza pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.

–La ONU recibirá la totalidad del armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el grupo rebelde y el gobierno colombiano.

–Establece la activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular a las organizaciones criminales, así como su prevención y seguimiento.

–Garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y la persecución de conductas criminales que amenacen la implementación de los pactos.

En Bogotá y otras ciudades del país sudamericano, miles de personas se abrazaron y cantaron el himno de Colombia cuando Santos y Timochenko firmaron el acuerdo, que fue transmitido en pantallas gigantes en plazas. Algunos ondearon la bandera nacional.

El ex presidente Álvaro Uribe, principal crítico del gobierno de Santos y del proceso de paz, dijo que la palabra paz queda herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado, o para-estado o paramilitar, con el pretexto de combatir a otros criminales.

Este es el cuarto intento de sellar el fin de la guerra con las FARC, surgidas de una sublevación campesina en 1964, luego de tres fracasos: en 1984, con Belisario Betancur, y en 1992 y 1999, con los presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, respectivamente.

Además, en los años 80 el grupo guerrillero se mantuvo armado pero al apostar electoralmente por la Unión Patriótica (UP), ésta sufrió los ataques de grupos paramilitares con el asesinato de unos 5 mil de sus miembros, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.