La decisión del juzgado séptimo de distrito de suspender las importaciones de papa de Estados Unidos son un paso positivo en la batalla que hace tres años iniciaron los productores ante los riesgos fitosanitarios, ya que se ha advertido que se tienen 59 plagas identificadas que ponen en riesgo la fitosanidad del cultivo mexicano

Lo anterior fue expresado por la Confederación Nacional de Productores de Papa, que desde 2012 se pronunció en contra del acuerdo que estableció medidas de mitigación de riesgo para la importación del tubérculo, pues pondría en riesgo la producción nacional. Asentó que en 10 años, Estados Unidos no cumplió con los compromisos fitosanitarios y envió a la franja fronteriza papa contaminada con algunas plagas cuarentenarias.

Ante la resistencia de las autoridades a detener las importaciones de papa estadunidense, los productores mexicanos interpusieron 10 amparos contra el acuerdo de mitigación de riesgos.

Protección judicial, ante medidas deficientes

En Sinaloa ya lograron la protección judicial, la cual dictaminó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) había puesto a la población en un estado innecesario de vulnerabilidad, aplicándose medidas deficientes para la apertura de la frontera comercial.

Los productores han insistido en que México no necesita importar el tubérculo, ya que la producción es suficiente para cubrir la demanda nacional.

En cinco años la producción promedio ha sido de un millón 600 mil toneladas, de los 22 estados en donde se siembra, los principales productores son Sinaloa, Sonora, Veracruz y Puebla, los cuales aportan 66 por ciento del volumen nacional.

El titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, aseguró que el tema sigue en tribunales y que continúa la importación en la franja fronteriza.

Agregó que la autoridad se preocupa por la producción, pero también por el precio de venta final, en ese balance se toman decisiones.

Agregó que se mantienen pláticas con productores para “llegar a buenos acuerdos. No se trata de tener desacuerdos ni conflictos, sino de conciliar.

El gobierno continuará con los cursos legales, pero antepondrá la razón técnica y el precio al que paga la papa el consumidor, comentó el funcionario.