La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República analiza el paquete de reformas secundarias para definir el sistema nacional anticorrupción; tiene un plazo de 30 días para determinar si procede la promulgación, informó el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez.

Destacó que esa revisión se hace con todas las leyes que envía el Congreso para ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El funcionario evitó hablar sobre la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto vete las normas. Sin embargo, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, no descartó tal eventualidad, luego de que la noche del martes se reunió con el mandatario, junto a otros empresarios, para manifestarle su rechazo a la obligación contenida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de presentar las declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.

Por su lado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), envió un oficio al mandatario solicitándole que rechace los artículos 29 y 32 de la citada norma. Advierte que el primero “no incorpora los elementos de la iniciativa ciudadana, denominada ley 3 de 3”, propuestos para combatir la impunidad y opacidad de servidores públicos.

También refiere que se crearía un temor en la sociedad, en virtud de la desconfianza que implica dar información privada en relación con el patrimonio. La norma es incompleta, oscura, imprecisa y confusa, subraya.

En el Senado, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo que el Ejecutivo tiene derecho a vetarla y reconoció que se equivocaron al introducir de última hora una modificación que obliga a los empresarios a presentar sus tres declaraciones.

El priísta reveló que habló ayer con el Presidente, que aún no se había definido, pero serán respetuosos si finalmente decide frenar el artículo 32 de esa ley, en el que quedó muy abierta la disposición y “parece que cualquier empleado de una empresa de los ámbitos federal, estatal o municipal tendría que presentar su 3 de 3”.

Aseguró que ni su bancada ni otras fuerzas políticas analizaron bien la reserva que en la madrugada del miércoles pasado presentó el senador Manuel Cárdenas, de Nueva Alianza, con la modificación al artículo 32, pero fue aprobada por PRI, PAN y PRD.

El coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, rechazó tal versión. Resaltó que su bancada sólo votó en favor de las otras reservas, no del artículo 32, y sostuvo que Manuel Cárdenas sólo fue un instrumento de PRI y PVEM, que están detrás del cambio de última hora que tanto ha enojado a la cúpula empresarial.

Barbosa pidió a Peña Nieto que en caso de vetar la ley, lo haga también con el artículo 29, donde se elimina la obligación de los funcionarios, legisladores, líderes sindicales, jueces y ministros de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Asimismo, solicitó que no se retire por completo el artículo 32, que sólo se modifique para mantener la obligación de los empresarios que hacen negocios con el sector público de presentar declaración de bienes, de pago de impuestos y de intereses.

En conferencia de prensa en Los Pinos, Eduardo Sánchez dijo que antes de que concluya el plazo de 30 días para analizar el paquete legislativo, tras su aprobación, el Presidente procederá conforme a derecho. Ello luego de que Consejería Jurídica realice un dictamen sobre las leyes y lo entregue al jefe del Ejecutivo.

Recordó que el martes por la noche, las dirigencias empresariales externaron al mandatario algunas inquietudes sobre el tema, y los escuchó con atención.

Tras la reunión, el dirigente del CCE aseguró que el Presidente valora las observaciones que hicieron, en particular al artículo 32, el cual resulta inoperable y paralizaría al propio sistema, ya que no sería factible recabar y procesar los informes de las empresas, sus trabajadores y proveedores.

El encuentro se efectuó después de que el gobierno federal pospuso la promulgación del paquete legislativo, prevista para este miércoles, y una semana después de una inédita protesta de empresarios en el Ángel de la Independencia.