El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, condenó la violencia en Oaxaca y dijo que ese organismo recaba información para determinar si las fuerzas federales dispararon armas de cargo contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y demás personas que estaban en plantón en Nochixtlán, Oaxaca.

Entrevistado ayer en el Senado luego de participar en el seminario Violencia y paz: diagnóstico y propuestas, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, el ombudsman nacional dijo que en Oaxaca hay una situación compleja y de mucha tensión, y exhortó al gobierno federal y a la CNTE a privilegiar el diálogo.

En su intervención resaltó que el uso de la fuerza “no puede volverse la forma en que la sociedad mexicana dirima sus conflictos. Como sociedad no podemos acostumbrarnos o resignarnos ante la violencia. Hechos como los ocurridos en días pasados en Nochixtlán, Oaxaca, no deben repetirse, apuntó.

“Estamos integrando precisamente toda la información y una de las vertientes es determinar la participación de las autoridades, ¿cómo se dio esta participación? Confirmar si iban armados y ¿en qué momento tuvieron esa intervención? ¿Si se ciñeron a los protocolos? Insistimos en que el uso de las armas debe ser el último recurso, tiene que haber una racionalización del uso de instrumentos letales.

Dijo que se está investigando si hubo excesos de parte de la policía. Ustedes saben que ha habido contradicciones, déjenme mencionar una, la de si iban armados, contradicciones que nosotros señalaremos, porque se reconoció que iban armados.

Previamente, la CNDH había indicado en un pronunciamiento sobre lo ocurrido el pasado domingo en Oaxaca que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado debe ser excepcional y utilizada solamente en casos plenamente justificados, cuando se han agotado las posibilidades o resulta inviable cualquier otra forma de disuasión o contención, y siempre dentro de los protocolos que rigen su actuación dentro de los estándares internacionales.

Sin embargo, advirtió también que las protestas sociales deben realizarse siempre de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin afectar el orden público, infringir la ley o atentar contra las instituciones ni obstruir el libre tránsito de los demás.