El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso al presidente Enrique Peña Nieto no vetar las leyes que norman el Sistema Nacional Anticorrupción y sólo hacer precisiones a los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para excluir a la iniciativa privada, ya que, advirtió, los empresarios son fiscalizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al inaugurar el primer foro Crece tu empresa, organizado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, en el edificio Expo Reforma, recordó que el viernes pasado llamó a los legisladores a no pervertir ni tergiversar la iniciativa de la sociedad civil 3 de 3, dirigida a transparentar los bienes de los funcionarios públicos. Empero, de repente colocan un artículo y dicen: los empresarios también, porque son dos los que hacen este tema de corrupción.

Precisó que ahora la solicitud es al Presidente de la República, a quien sugirió no vetar la ley, sino hacer observaciones a los artículos que involucran a un sector que no tenía que estar. Esa es la única tarea y creo que puede hacer un trabajo quirúrgico de precisión y detalle, consideró.

Mancera confió en que los legisladores lo tomarán en cuenta para bien de los empresarios, de la economía y del país.

En entrevista posterior, admitió que el Ejecutivo federal tiene la facultad de vetar. Lo puede hacer, pero creo que es un momento muy importante para que esas observaciones puedan ser realizadas, en su caso, por el Senado, expresó.

Respecto de los funcionarios que por razones de seguridad o temor a que se hable mal de ellos no están de acuerdo en transparentar sus bienes, el mandatario capitalino recomendó: No sean servidores públicos, dedíquense a otra cosa.

En tanto, los presidentes de las cámaras de Comercio, Humberto Lozano, y de Comercio en Pequeño, Ada Irma Cruz, así como el de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la capital, Jesús Padilla, reconocieron el compromiso de transparencia del Gobierno de la Ciudad de México.

“Lo que se está pensando hacer obligatorio en el ámbito federal aquí ya se hace con la ley 3 de 3”, remarcó Lozano, mientras Padilla aseguró que esta ciudad está en el camino de convertirse en un espacio de libre competencia, donde reine la transparencia y las empresas encuentren las condiciones adecuadas para desarrollarse.

Refirió que las mayores quejas de los empresarios son la falta de transparencia y los constantes escándalos por la corrupción gubernamental, que según datos del Fondo Monetario Internacional, al año cuesta al país más de mil 100 millones de dólares en inversiones y afecta la productividad y el crecimiento.

Ada Irma Cruz confió en que se pueda revertir el ilógico giro que el Senado dio a los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para sobrerregular a los empresarios proveedores del Estado.