Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejan sus cargos en noviembre, y en ese contexto, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños resaltó los aspectos ‘‘negativos’’ de su gestión, como cambios de criterios, tardanza en la resolución de asuntos y falta de comunicación entre las diversas salas.

Además, criticó la propuesta reciente de abrir una ventanilla de consultas para que los consejeros electorales (nacionales y locales) pregunten si sus decisiones son legales. ‘‘Me doy con el tema. ¿Qué no son última instancia en materia jurisdiccional?’’, comentó el consejero.

El presidente de la Sala Superior, el magistrado Constancio Carrasco, replicó en entrevista que en 10 años de gestión han recibido miles de impugnaciones de resolución en tiempos muy cortos y negó que hayan modificado los criterios de sus sentencias.

‘‘Respeto la opinión de los consejeros. La opinión, el diálogo, la crítica, son bienvenidas. No coincido con que cambiamos nuestros criterios, pero no vamos a decidir aquí si fueron homogéneos o les asiste la razón’’, explicó el magistrado.

‘‘Exageradamente formalista’’

Tanto en entrevista como en un foro efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Baños consideró que la Sala Superior ha sido ‘‘exageradamente formalista’’.

Cuestionó su lentitud en resolver el tema del registro del Partido del Trabajo. Recordó que todos los partidos políticos que habían perdido el registro hasta antes del PT, jamás habían tenido consideración de los votos de las elecciones extraordinarias y hubo situaciones similares en 2003, en 1991 y en 1994.

‘‘Tres sentencias para decir lo que dijeron a dos días de la elección extraordinaria en Aguascalientes. No se vale ese tipo de cosas. Hubieran dicho a la autoridad electoral: ‘ya no te desgastes y espérate a que sea la elección extraordinaria’’’. Señaló que los magistrados también se tardaron en resolver las candidaturas independientes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y al final les dieron el registro a diez abanderados que no alcanzaban las 74 mil firmas requeridas.

En otro tema, mencionó que en 2009 para el instituto era calumnioso un espot del PT que señalaba a cinco políticos de formar parte de la ‘‘mafia en el poder’’, lo mismo otro de Javier Corral contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte, que lo caricaturizaba en 2016. El tribunal no consideró igual a ambos.

Sin embargo, en el caso del promocional del PRI contra David Monreal (donde se menciona que en un rancho de su propiedad se confiscó droga), el tribunal determinó que su contenido era calumnioso. ‘‘Me doy con ese criterio. Es una fluctuación de criterios, una interpretación pendular de lo que es calumnia’’.

Carrasco comentó que de octubre de 2015 al 15 de junio de 2016, en el pasado proceso electoral resolvieron mil 600 asuntos relacionados con los institutos políticos y elecciones de usos y costumbres. Expuso que con las nuevas competencias del INE, con motivo de la reforma de 2014, sus atribuciones crecieron de manera muy importante y el volumen de litigios fue mayúsculo.

Además, les tocó analizar muchas impugnaciones relacionadas con propaganda negativa, y en todas hicieron esfuerzos por homogeneizar criterios para permitir la libre expresión de los partidos de frente a las campañas electorales.

Criticado también el tribunal por los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña, del INE, por promover la censura previa en recientes sentencias, Carrasco respondió: ‘‘No hubo censura previa. Está prohibida en el orden constitucional mexicano’’.