El gobernador electo de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, ‘‘carece actualmente de fuero constitucional’’, según refieren los artículos 62 y 125 de la Constitución federal, por lo que el proceso penal que tiene abierto en esa entidad desde 2010 (por tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones) ‘‘lo mantiene privado de sus derechos políticos y lo vuelve inelegible’’, aseguró el doctor en derecho y abogado constitucionalista José Óscar Valdez Ramírez.

El litigante fue contratado por la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, encabezada por la priísta Lorena Martínez, por lo que elaboró junto con otros abogados, especialistas en derecho electoral y de amparo las demandas y recursos jurídicos con los que fue impugnada la elección para gobernador del pasado 5 de junio.

En entrevista con La Jornada, Óscar Valdez dijo que la impugnación va por un doble camino: la vía electoral, mediante los tribunales estatales y federales habilitados en esa materia, y la del juicio de amparo.

En la primera se argumentó la inelegibilidad del candidato panista, pues el artículo 9 fracción I del Código Electoral de Aguascalientes ordena que nadie podrá ocupar un puesto de elección popular si tiene suspendidos sus derechos políticos por algún auto de formal prisión.

En el segundo recurso, el de amparo, los abogados de la ex procuradora federal del Consumidor –quien perdió la elección en Aguascalientes por unos 13 mil votos– pidieron la protección de la justicia federal para que se ordene a un juez local continuar el desahogo del proceso penal contra Orozco, con el argumento de que ya no tiene fuero, pues al ser senador con liciencia no opera la protección constitucional en su favor y tampoco tiene fuero como candidato electo.

‘‘El único que tiene fuero es el gobernador de Aguascalientes en funciones; de ninguna manera puede haber dos fueros de gobernador para un estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya lo ha resuelto así’’, sostuvo Valdéz Ramírez, abogado mexiquense con más de 25 años de experiencia en las materias constitucional y de amparo.

El pasado lunes, en declaraciones a medios de comunicación, Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, señaló que las acusaciones penales vertidas en contra del gobernador electo de esa entidad podrán –si conserva el puesto de gobernador, luego de las impugnaciones presentadas– quedar archivadas por los próximos seis años debido a que goza de fuero constitucional.