olidarios y sensibles como siempre, antes que reconocer que Oaxaca es una zona de desastre social (algo que, por lo demás, debieron hacer desde hace muchísimas décadas) los organismos empresariales de ese estado trabajan conjunta y decididamente para que el gobierno federal los apoye y declare a la entidad zona de desastre económico.

¿Por qué? Desde luego tal exigencia cupular no deriva de la falta de crecimiento en Oaxaca, mucho menos de la ausencia de desarrollo, ni del escaso empleo formal, los salarios miserables que pagan, el avance de la pobreza o por tantas otras carencias que se registran en la entidad, que no son pocas, sino por los abusos que han cometido diversos grupos que han saqueado comercios y afectan la actividad económica en el estado.

En nombre de los empresarios organizados del estado, el dirigente de la delegación Oaxaca de la Confederación Patronal de México (Coparmex), expuso: Lo que estamos exigiendo es que se generen las condiciones para que como sociedad y como empresas podamos operar de manera tranquila, en paz y en orden (y progreso, diría su paisano Porfirio Díaz).

Sin duda los quejosos están en su derecho de exigir garantías para sus negocios y su muy particular concepto de orden y progreso, pero con todo y apoyo del gobierno federal, de las fuerzas represivas, de mansos gobernadores como Gabino Cué y demás gracias, Oaxaca nunca dejará atrás su tétrica situación social si no se distribuye equitativamente ingreso y riqueza. Menos aún si la solución marca Coparmex es a todos duro con el garrote. Y lo mismo para la República completa.

Por ejemplo, en Oaxaca la fortuna de un solo empresario, Alfredo Harp Helú, equivale a cerca de 10 por ciento del producto interno bruto del estado, y este hombre de negocios tiene muchos intereses económicos en la entidad, amén de su muy publicitada filantropía y su hija dedicada al canto, nacida en el estado. Una sola persona acapara una fortuna equivalente al (versión oficial) ingreso medio anual de 300 mil oaxaqueños con empleo (con base en la información del Censo Económico 2014 del Inegi). No se olvide que en la entidad 67 por ciento de la población sobrevive en pobreza y 28 por ciento en pobreza extrema; es decir, la mayoría no tiene empleo.

Oaxaca es el estado de la República con mayor número de municipios (570, o si se prefiere 23 por ciento del total nacional) y 85 por ciento de la actividad productiva se concentra en apenas cuatro de ellos (incluida la refinería de Pemex en Salina Cruz, que acapara el grueso), mientras los 566 restantes se reparten –también de forma inequitativa– el 15 por ciento restante. Aún así, la entidad a duras penas aporta 0.03 por ciento del producto interno bruto nacional.

Si los empresarios oaxaqueños realmente están muy preocupados por la situación que vive su estado, su primera exigencia debe ser declarar a la entidad como zona de desastre social, porque no hay que olvidar (retomo algunas cifras del México SA de ayer) que se registran municipios con un nivel de pobreza intolerable, como en los casos de San Juan Tepeuxila, con 97.4 por ciento de su población en pobreza; Santiago Textitlán, 96.6; San Simón Zahuatlán, 96.4; Santos Reyes Yucuná, 96; San Vicente Coatlán, 94.4; Tataltepec de Valdés, 93.1, y Totontepec Villa de Morelos, 93, sólo como ejemplos.

Incluso, dejando a un lado las razones humanitarias, los empresarios tendrían que pronunciarse en tal sentido, porque al final de cuentas quién les comprará sus productos o servicios con esos niveles de miseria (con salarios de hambre los privilegiados). Tarde que temprano reventarán sus negocios, con o sin abusos cometidos por diversos grupos que han saqueado comercios y afectan la actividad económica en el estado.

Pero también es necesario declarar zona de desastre económico a Oaxaca, aunque también en esto el reclamo empresarial llega tarde, y no por los abusos que denuncian, sino porque a estas alturas el gasto federalizado (los dineros que llegan del centro) representa alrededor de 90 por ciento de los ingresos brutos totales del estado y alrededor de 69 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios. Es decir, de cada peso que gasta el gobierno de la entidad sólo 10 centavos se captan internamente. Pero parece que lo verdaderamente preocupante para los empresarios oaxaqueños es que se acerca la fiesta de la Guelaguetza.

Desde el nacimiento del Programa Nacional de Solidaridad, en el salinato, se presumió que el grueso de los recursos públicos destinados al combate de la pobreza se canalizarían a tres estados de la República: Oaxaca, Chiapas y Guerrero, por ser entidades con un grado mayor de marginación. Casi 28 años después, esa tercia se mantiene como la de mayor marginación en el país. Pero la emergencia, según dicen los empresarios oaxaqueños quejosos, es ahora.

Mientras unos piden que se declare la zona de desastre social y otros la de desastre económico, no cabe duda que hay una tercera exigencia: que se declare al gobierno de Enrique Peña Nieto zona de desastre político, porque lo recientemente sucedido en Oaxaca, con su saldo mortal y sus decenas de heridos, pudo evitarse con negociación y diálogo, y salir airoso, incluso con una medallita por el oficio demostrado. Pero, soberbio, se negó, se encerró, se encaprichó, se comportó como capataz y dio la orden de reprimir.

Y tuvo que correr la sangre para que finalmente dijera que siempre sí habría una reunión con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El anuncio lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien pretende –según dice– “encontrar soluciones a la problemática –y enfrentamientos– registrados en diversas zonas del país”. Y de cereza, va la postura oficial: el gobierno de la República reitera (¡¡¡!!!) su disposición a dialogar, en el marco de sus atribuciones y con absoluto respeto a la ley, con integrantes de la SNTE-CNTE.

Las rebanadas del pastel

Y ahora que son tantos sus aciertos y que, por lo mismo, en un país normal su cabeza pendería de un hilo, el niño ñoño Nuño puede repetir su frase de batalla: no vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas (7/12/14).

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