n un ambiente tenso, caracterizado por escaramuzas entre manifestantes y policías en las afueras del recinto legislativo y aun dentro de él, el Congreso de Quintana Roo aprobó ayer en periodo extraordinario una serie de modificaciones legales tendentes a crear lo que la oposición ha denominado blindaje jurídico para el saliente gobernador priísta, Roberto Borge Angulo. Entre dichas disposiciones se encuentran la sustitución de la Procuraduría General de Justicia por una Fiscalía General del Estado, órgano constitucional autónomo cuyo titular tendría una permanencia de nueve años en el cargo, así como una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que permitiría al Partido Revolucionario Institucional (PRI) conservar comisiones estratégicas en la siguiente legislatura. De manera adicional, la mayoría legislativa del PRI y sus aliados convocaron a una sesión el viernes 24 para tratar, entre otros temas, la aprobación de la cuenta pública 2015, atribución correspondiente a los diputados que iniciarán sus funciones en septiembre próximo.
Para poner en contexto las maniobras referidas, debe recordarse que durante su gobierno Borge aumentó la deuda del estado en al menos 115 por ciento, de 10 mil 265 millones de pesos en el primer trimestre de 2011 a más de 22 mil millones en junio pasado, cifra que podría incrementarse cuando se cuente con los datos correspondientes a este año. En este sentido, resulta significativo que el mayor incremento del endeudamiento público, del orden de 5 mil millones de pesos, se produjo en 2013, año electoral en que su partido obtuvo todas las alcaldías y la mayoría absoluta en el Congreso. Además del opaco manejo de los recursos, su administración se ha caracterizado por un recrudecimiento del autoritarismo manifiesto en episodios de uso desmedido de la fuerza pública, en la persecución judicial de la disidencia y en la aprobación de leyes restrictivas a la libertad de expresión. A lo anterior se suma ahora la pretensión a todas luces ilegítima de imponer decisiones trascendentales que exceden el término de su mandato y suponen una intrusión en las atribuciones de los funcionarios y representantes elegidos en los comicios recién pasados.
Lejos de constituir un caso aislado en el panorama político nacional, el madruguete
legislativo en Quintana Roo es ilustrativo de la actuación consuetudinaria de ejecutivos estatales ajenos a cualquier fiscalización y rendimiento de cuentas, circunstancia que deja a la ciudadanía a merced de los caprichos de los gobernadores en turno.
A la luz de este y otros casos, es preciso emprender una redefinición de las atribuciones de los gobiernos estatales que, sin vulnerar el pacto federal ni la soberanía de las entidades que lo conforman, ponga freno a la arbitrariedad y los abusos que se suceden con lamentable frecuencia.
