En la actualidad existen casi una centena de comunidades que están en resistencia ante la afectación de su territorio por la expansión de proyectos de desarrollo; la mayoría sin consultar a los pobladores y en deterioro del medio ambiente. Predominan los de generación de energía y los mineros. Chiapas y Oaxaca son los estados que enfrentan más conflictos.

Datos recabados por la Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio –en la que desde el 10 de abril toman parte 179 pueblos y organizaciones de 17 estados, así como alrededor de 40 académicos, músicos, actores y religiosos– indican lo anterior. De las comunidades y pueblos participantes, 97 padecen estas circunstancias.

Información de la campaña refiere que 34 por ciento de los proyectos son de generación de energía, seguidos de 32 mineros, 15 por ciento están relacionados con la privatización del agua y 12 por ciento con infraestructura de transporte y urbanización. En menores cantidades están los de intención turística, contaminación ambiental, explotación forestal, falta de regularización de la tierra, gestión de agua y soya transgénica.

En Chiapas hay 28 barrios o comunidades en conflicto; en Oaxaca, 15; en la Ciudad de México, cinco; en Guerrero, tres; en Veracruz, dos, al igual que en la Península de Yucatán. Además, por regiones, hay 20 documentados en el centro del territorio, 16 en el occidente y seis en el norte.

En Chiapas, de 14 casos, la mayor parte tiene que ver con la privatización del agua; 10 se deben a proyectos de extracción de minerales; siete a planes de generación de energía, y el resto corresponde a infraestructura de transporte, desarrollos turísticos y agrarios. En Oaxaca predominan los derivados de planes mineros, 13 en total; el resto se deben a obras de generación de energía, acueductos o proyectos eólicos. Mientras, en la Ciudad de México existen cuatro conflictos por planes de urbanización y dos por proyectos de transporte.

La campaña explica que los impactos que generan este tipo de obras son en primer lugar el daño ambiental, seguido de la pérdida de los bienes comunes naturales, el control de los recursos, la expropiación y despojo de tierras, los daños a la salud, el desplazamiento forzado, la afectación a la producción y la destrucción de sitios sagrados. También están el cambio de uso de suelo y la destruccción o daño a las viviendas.

Durante las semanas pasadas, la campaña ha documentado que se ha agravado el caso de Salvador Atenco, debido al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, específicamente en la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco en Tocuila.

Indica que está el caso del río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava y la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.

En el estado de México hay varios contenciosos. En Tecámac y Coyotepec existen amenazas hacia integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable. En la comunidad otomí de San Francisco Magú se enfrentan al desarrollo inmobiliario Bosques del Paraíso y en Xochicuautla hay acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.

En la Ciudad de México se dan conflictos en los barrios de Santo Domingo y los Pueblos La Candelaria y Los Reyes, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria. En tanto, en Amilcingo, Morelos, hay hostigamiento judicial hacia Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio.

A estos se suman el del Río San Pedro con el intento de imposición del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en una zona sagrada, por medio de una supuesta consulta al pueblo Náyeri, el cual también pondría en riesgo la zona de manglar Marismas Nacionales.