a combinación era necesariamente explosiva: una postura oficial de obcecada negación al diálogo (el avestruz sumiendo la cabeza bajo las alfombras palaciegas, obstinado en condicionar toda posibilidad de negociación a que la contraparte aceptara tanto su derrota como la inviabilidad de su lucha) y una creciente tentación autoritaria deseosa de extinguir la protesta social cada vez más extendida. La negación de la realidad y la afirmación del tolete y el rifle de alto poder condujeron de manera previsible al estallido en una entidad, Oaxaca, cuyos trazos sociales, culturales e históricos son de imposible entendimiento para los reformistas privatizadores.

Lo sucedido ayer en Oaxaca, más allá del lado en que se desee situar cada cual en la discusión respecto de los términos de la reforma llamada educativa, muestra a una administración federal peligrosamente divorciada de la realidad, entregada abiertamente a la lógica política de las fuerzas armadas, incapaz de entender lo que va sucediendo en este país y de darle cauce y soluciones inteligentes y eficaces. Enrique Peña Nieto está aislado en su palacio de fic-ción, confrontado cada vez más con cuantos actores políticos y sociales le es posible (en estos días ha sumado en contra suya, de un golpe, a la jerarquía católica y a cúpulas patronales, originalmente alineadas con él), manejando el timón nacional al desgaire y deseoso, por lo que se ve, de hundir la embarcación consigo mismo si no le queda otra salida.

Las decisiones del gobierno federal que iniciaron la noche del sábado en Salina Cruz (aunque ya se habían producido episodios también graves en otras poblaciones), pasaron por Nochixtlán y desembocaron en la ciudad de Oaxaca (más lo que suceda en las horas siguientes) constituyen un agravio histórico que marcará a Enrique Peña Nieto como ya lo hacen los casos de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la casa blanca de Lomas de Chapultepec. No fue un error o un proceso circunstancial: el desenlace de muertos, heridos y desaparecidos en Oaxaca es consecuencia directa de un aferramiento institucional a ignorar y desdeñar una protesta social evolutiva, que pasó de ser un asunto meramente gremial hasta convertirse, como pudo verse este sábado y domingo trágicos y como se planteó con insistencia en esta columna (y en las cuentas de Twitter, Facebook y Periscope de este tecleador, todas bajo el nombre de Julio Astillero), en un movimiento amplio de corte magisterial-popular, en el que se nuclearon las diversas oposiciones a los muchos abusos lesivos cometidos desde el peñismo, específicamente los relacionados con sus reformas (d)estructurales.

El ataque a maestros, padres de familia, organizaciones sociales y ciudadanos en general tuvo en Oaxaca el agravante de la perfidia que hizo estallar un conflicto al abandonarlo políticamente y cerrarle todas las puertas de entendimiento y negociación. El pandillero instalado sin mayor fundamento que su fanfarronería en la Secretaría de Educación Pública (SEP), antaño ocupada por personajes con valía cultural e intelectual demostrada, se esmeró en una grosera actitud de provocación de cuyos resultados hoy debe hacerse cargo, corresponsable del saldo mortal y del levantamiento social. Pero no es Aurelio Nuño Mayer el único ni el mayor responsable, sino su jefe político, quien lo instaló en ese cargo y le proveyó de blindaje mediático y de ínfulas de capataz. El sargento Nuño ha estrellado sus vuelos de presunto aspirante presidencial en la rocosidad política y social de Oaxaca y a partir de ahora es inservible políticamente, pues su presencia chocante generará protestas y encono a su paso, por más controladas que fueran sus siguientes apariciones públicas. Pero es evidente que su necesaria renuncia a la SEP (el secretario fusible, se le ha llamado aquí: predestinado a tronar cuando hubiera sobrecarga) no tiene ahora mayor sentido que el anecdótico: la gravedad de los hechos reacomoda la vista en el centro real de estas decisiones yacciones, en la conducta y la persona del máximo nivel de este sistema mexicano presidencialista.

En los detalles operativos de lo sucedido entre sábado y domingo también hay pistas y evidencias que aumentan el oprobio oficial. La policía federal, a cargo de Enrique Galindo Ceballos, no fue recibida en ningún lugar como liberadora del presunto hartazgo social contra el movimiento magisterial en sí. Al contrario, a su paso fue repudiada abiertamente por segmentos sociales que salieron a las calles a exponer la integridad física para sostener bloqueos y plantones en respaldo de los profesores y contra la pretendida reforma educativa. En varias ocasiones, esa policía federal militarizada estuvo en desventaja y hubo de improvisar repliegues tácticos (y acciones de vandalismo provocador) con olor a fracaso. En fuga carretera, la policía federal obtuvo victorias pírricas y efímeras: tejía desalojos a su paso que eran vueltos a tejer en cuanto las caravanas armadas se dirigían a otros lugares a desmontar barricadas que serían repuestas en cuanto se fueran los uniformados. Desmoralizadora demostración del equívoco al que los mandaron a guerrear.

Sin embargo, es evidente que el paso de la maquinaria oficial destructora dejó muertos, heridos, desaparecidos y detenidos. Las redes sociales aportaron una carga probatoria inmediata e indeleble: policías con armas de fuego y preparándose para detonarlas, francotiradores apostados en lugares donde sólo con protección policiaca podrían mantenerse, uso de helicópteros con potentes luces dirigidas para facilitar la represión nocturna e incluso esparciendo gases contra las masas.

A la hora de cerrar esta columna la batalla se había trasladado a las inmediaciones de la ciudad de Oaxaca. Seis muertos, cuando menos, en Nochixtlán y la negativa de atención médica a civiles para centrarla sólo en uniformados; decenas de heridos, secuestrados y apresados. Los peligros del avestrucismo violento. ¡Hasta mañana!

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