l trágico saldo de las refriegas que tuvieron lugar ayer en Nochixtlán y otras localidades oaxaqueñas, incluida la capital del estado –seis muertos, según la cifra oficial, 51 heridos, entre maestros, pobladores y policías, y 25 detenidos– debiera llevar a la inmediata reflexión a las partes en conflicto y al inicio de un proceso de diálogo que permita resolver las diferencias entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal en torno a la reforma educativa, que la primera rechaza en varios de sus puntos y que el segundo se empeña en aplicar a rajatabla.
Al mismo tiempo es ineludible esclarecer las circunstancias en las que murieron las seis víctimas fatales de los enfrentamientos ocurridos en Nochixtlán y fincar las responsabilidades penales que correspondan.
Más allá de las trágicas consecuencias y de las secuelas legales de la violencia de ayer, es claro que la cerrazón oficial, lejos de debilitar la oposición magisterial a la reforma educativa, la ha extendido, la ha enconado y ha propiciado la aglutinación de diversos sectores y de organizaciones sociales y políticas en torno a la lucha de la CNTE y de la sección 22 del magisterio.
Es pertinente tomar en cuenta, por lo demás, que en el ámbito local la disidencia magisterial está implantada en el tejido social de muchas regiones oaxaqueñas y que las ofensivas en contra de ella terminan siendo vistas como ataques en contra de las comunidades. En los casos específicos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, si el cálculo oficial prescinde de consideraciones como la mencionada, resulta inevitable que el diferendo entre el magisterio disidente y los gobiernos federal y estatales desemboquen en conflictos de mucha mayor envergadura y que salgan del ámbito gremial para ubicarse en un plano mucho más amplio del acontecer nacional.
Finalmente, debe tenerse en mente que corresponde al Estado la responsabilidad última de la moderación, la visión de largo plazo y la preservación de la armonía, y que por ello, ante un problema como el generado por la reforma educativa, debe agotar todas las instancias posibles de solución pacífica antes de echar mano de la fuerza pública. Tales instancias, sin embargo, aún no han sido recorridas. Es momento de escuchar el clamor de las múltiples voces institucionales, políticas, sociales e individuales que demandan el inicio de un proceso de diálogo en torno de las normas implantadas en 2012 y 2013, abrir el cauce a una negociación que permita conciliar las razones oficiales con las de los maestros inconformes y hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
