Los usuarios de la carretera federal 57, en el tramo de la Ciudad de México hacia Querétaro –con una longitud de 220 kilómetros–, son víctimas de la inseguridad, debido a los asaltos a conductores y pasajeros, así como por el frecuente número de accidentes resultado del flujo automotriz que asciende a 50 mil 240 vehículos al día en ambos sentidos.

En esa vía ocurren cada día 2.73 accidentes por kilómetro, que dejan daños materiales por 40 millones de pesos. Por si fuera poco, se han incrementado los delitos de índole sexual en la carretera: los pasados días 8 y 10 de junio, delincuentes abusaron de pasajeras de autobuses en un tramo de 21 kilómetros entre los municipios mexiquenses de Tepotzotlán y Huehuetoca, donde los asentamientos vehiculares son cotidianos por obras en la carpeta asfáltica.

El caso de Rosa Margarita Ortiz Macías, esposa del ex diputado y ex presidente del PRI en San Luis Potosí, Adolfo Micalco Méndez, que fue golpeada y sufrió abuso sexual el 8 de junio, atrajo los reflectores hacia la creciente inseguridad en la carretera, una de las principales, que enlazan al norte y centro del país con la Ciudad de México.

Policías federales, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana mexiquense, municipales, conductores y peatones, coinciden en señalar que las obras de rehabilitación provocan asentamientos vehiculares y cuellos de botella, principalmente en Huehuetoca y Coyotepec, donde los transportistas abandonan la autopista para librar las obras de la carretera kilómetros adelante.

Personal de Caminos y Puentes Federales informó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos impulsa la segunda etapa de rehabilitación estructural del pavimento, con concreto hidráulico de la autopista, del kilómetro 43 al 68.5.

Hampa aprovecha reparaciones

Las obras han complicado la vida a más de cien mil conductores que cada día cruzan los tramos Querétaro-San Juan del Río y Tepeji-Tepotzotlán-Coyotepec, donde la delincuencia aumentó y aprovecha cuellos de botellas para atacar a los usuarios de la autopista.

Pasando la caseta de Tepotzotlán los delincuentes, en grupos de dos, tres o cuatro, comienzan a asaltar a los pasajeros o incluso interceptan a camioneros para llevarse sus unidades, aseguró un chofer de la línea Coordinados Flecha Amarilla. Aseguró que entre el jueves y el viernes pasados, dos de sus compañeros fueron asaltados en el tramo de Coyotepec a Huehuetoca.

La incidencia delictiva afecta a cientos de conductores que, a la altura de Coyotepec, abandonan la autopista para internarse por un camino rural de diez kilómetros que comunica a Huehuetoca, pero en el cual no hay seguridad policiaca y se cruza por una planicie baldía.

Sobre la autopista y en las desviaciones de Coyotepec y Huehuetoca se observa que policías municipales realizan labores de movilización de vialidad ante la salida de cientos de vehículos, pero no se dan abasto. Incluso en el segundo municipio, civiles se han sumado a las labores para agilizar el tránsito de unidades que se salen de la autopista.

Pasando la caseta de Tepotzotlán es escasa la presencia de patrullas de la Policía Federal. A la altura de la parada de camiones de Chautonco, paralela a la autopista, está un módulo de la policía de Coyotepec, pero no hay agentes.

Las alcaldías de Huehuetoca y de Coyotepec se negaron a informar sobre acciones coordinadas con la Policía Federal para atender la ola de inseguridad en el tramo carretero. Vecinos refieren que no hay coordinación real entre mandos policiacos municipales, estatales y federales para atender la demanda de seguridad en la autopista y zonas aledañas.

El comisario (Víctor Manuel Reséndiz Arreola) no quiere dar información, me da pena, pero no quiso, afirmó Abelardo González Vargas, secretario particular del alcalde panista de Coyotepec, Pedro Luna Vargas.

Concesionarios no quieren invertir

De su lado, Juan Sánchez Peláez, dirigente de la Alianza de Autransportistas Autónomos, informó que en marzo de 2015 concesionarios se negaron a pagar la instalación de cámaras de video vigilancia y botones de pánico dentro de las unidades del servicio de pasajeros, al considerar que es responsabilidad del gobierno dar el servicio de seguridad.

Los concesionarios no están dispuestos a invertir en seguridad, pues es mucho lo que gastan en mantenimiento de las unidades, compra de refacciones, pago de derechos e impuestos vehiculares, y encima pagar en algo que es obligación de las autoridades, ¿pues a dónde vamos a parar?, planteó.