La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal ha significado que el personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) laborara más de 9 mil 500 horas para atender 5 mil 997 audiencias relacionadas con 2 mil 978 expedientes. Estos mecanismos de enjuiciamiento han permitido que 80 por ciento de los inculpados continúen sus procesos bajo medidas cautelares para no evadirse de la justicia.

Para atender los casos que presente el Ministerio Público federal, el PJF ha tenido que construir centros de justicia especializados y ya se cuenta con 40 salas en operación con 949 funcionarios –jueces, secretarios de estudio y demás personal auxiliar– en todo el país.

El nuevo sistema de justicia se creó, de acuerdo con documentos del PJF para descongestionar el sistema y elevar la capacidad de solución a los expedientes y juicios planteados, además de establecer parámetros que posibilitan la presunción de inocencia de los inculpados.

Durango y Puebla, pioneros

En el ámbito federal en 2014 se implementó este sistema en los estados de Durango y Puebla; en 2015 se arrancó en los estados de Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, y en lo que va de este año se completó el esquema de operación en el resto de la República Mexicana.

En lo que se refiere a los primeros resultados de operación de este sistema, que formalmente entrará en vigor en todo el país, tanto en el fuero común como en el federal, más de la mitad de la carga de trabajo se encuentra relacionada con expedientes iniciados por delitos como portación de armas de fuego y violaciones previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con 58.1 por ciento; delitos contra la salud, 12 por ciento; el robo de hidrocarburos representa 10.8 de los casos, y los relacionados con narcotráfico, siete por ciento. El resto se integran bajo acusaciones de contrabando, actos criminales contra el medio ambiente y otros.